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Declaración Final de la XIV Asamblea General de EAPN España

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20/11/2017 Reunidas en Zaragoza, los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2017, las 19 redes territoriales y 16 entidades estatales de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado español (EAPN-ES) manifiesta que pese a una leve mejoría en la economía, casi 13 millones de personas viven en riesgo de pobreza y exclusión social. Y estas personas son las últimas en percibir esa mejoría.

Afirmamos que conferir derechos sociales a las personas es la mejor forma de prevenir y paliar la pobreza y la exclusión social. La garantía de derechos sociales -subjetivos- exige ser abordada desde el diseño de políticas eficaces en el contexto de una política global basada en ellos. Por tanto, es urgente que esos derechos se contemplen desde ya en la planificación, puesta en marcha y evaluación de impacto de las políticas sanitarias, de educación, vivienda, servicios sociales y acceso a los servicios y garantía de rentas. Todo ello teniendo en cuenta que es imprescindible contar con modelos fiscales e impositivos así como laborales más integradores para asegurar la inclusión social necesaria en nuestra sociedad.

Reiteramos nuestra convicción de que entre los derechos debe figurar, ante todo, el del acceso a una Renta Mínima garantizada que asegure una vida digna y reduzca el número de personas y familias que sufren pobreza económica.

Desde EAPN-España queremos recordar que la relación lineal entre empleo e inclusión social se ha agrietado: casi una tercera parte (31%) de la población pobre de más de 16 años tiene un empleo remunerado.

Constatamos que el empleo ya no es el único elemento fundamental en todo proceso de integración en la sociedad. Es decir, tener un trabajo no garantiza salir de la pobreza. Es imprescindible que se apliquen más medidas que contribuyan a la transformación del modelo económico, alejado del mero crecimiento, que haga posible una justa distribución de la riqueza y que sea más inclusivo y comunitario. Estas medidas deben incidir en la transformación del empleo y de las relaciones laborales, la precarización y la dualización del mercado de trabajo, los salarios, la parcialidad no deseada de las jornadas y la temporalidad de los contratos, entre otros factores.

Ante la proclamación del Pilar Social europeo el pasado 17 de noviembre en Gotemburgo, las estrategias deben tener un carácter vinculante y transversal y apoyarse, a su vez, en otros tres pilares: el acceso al empleo de calidad, el acceso a servicios y prestaciones sociales de calidad y un sistema de Rentas Mínimas. Con una línea de acción coherente, seguimos exigiendo que la justicia social esté en la base de la agenda política. Esto implica prestarle especial atención a la lucha contra la discriminación, la exclusión residencial, la protección de la infancia, la igualdad de género, la gestión positiva de la diversidad y la garantía de derechos.

Un verdadero Pacto de Estado contra la Pobreza
Tras la aprobación de este Pilar, es urgente que se materialice un verdadero Pacto de Estado contra la Pobreza, la Exclusión Social y la Desigualdad. Una estrategia nacional que garantice que las políticas sociales específicas luchen contra la discriminación y faciliten el acceso a todos los servicios. Así como aquellos principios básicos que consolidan el enfoque de género atendiendo a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la gestión de la diversidad cultural y la protección del medio ambiente. El sistema tributario español debe mejorarse en su carácter redistributivo como herramienta para combatir la desigualdad social. Es necesario avanzar en los impuestos directos que son los que soportan la capacidad redistributiva del sistema, asegurando la progresividad fiscal necesaria en nuestra sociedad como herramienta de lucha contra la pobreza. En resumen, una estrategia nacional participada desde las entidades del Tercer Sector de acción social y desde todos los actores sociales implicados, desde los principios de la gobernanza democrática.

Todas estas medidas deberían adoptarse bajo un prisma de ciudadanía activa, favoreciendo la autonomía y el empoderamiento de todas las personas con una inclusión activa. La participación ciudadana cualificada es uno de los ejes principales de la estrategia de trabajo de la EAPN. Por eso, hacemos un llamamiento para que todos los actores implicados a nivel europeo, nacional, autonómico y local, tomen conciencia de la realidad sostenida de la desigualdad, de las difíciles condiciones con las que vive una gran parte de nuestra sociedad y de sus consecuencias negativas para el desarrollo, tomando plena conciencia que estas realidades nos afectan colectivamente. La lucha contra la pobreza es una inversión, no un gasto y, como tal, ha de ser el eje de una política de transformación social.


Zaragoza, 18 de noviembre de 2017

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