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23/12/2022 | EAPN - Actualidad
El presente año que cierra sus puertas se ha visto afectado también por las sucesivas crisis que ha atravesado nuestro país en los últimos tiempos, desde la crisis económica iniciada en 2008 y los efectos aún latentes de las políticas de austeridad.
La pandemia, la crisis energética y la inflación derivada de la invasión rusa de Ucrania han impactado de forma más cruda en las personas en situación de pobreza. Los precios de los alimentos, la vivienda, los servicios y el coste de la vida en general amenazan la dignidad e incluso la vida de millones de personas, y ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos de reconstrucción en base al respeto y la garantía de los derechos sociales.
El pasado mes de octubre, desde la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) presentamos el XII Informe 'El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE 2015 – 2021', donde por primera vez se han recogido los datos oficiales de pobreza tras la pandemia de la COVID-19, a nivel estatal y autonómico.
El estudio ha evidenciado un empeoramiento de los principales indicadores de pobreza en 2021, con el 27,8 % de la población residente en España en situación de pobreza y exclusión social, 380.000 más que en 2020, en línea con la tendencia en alza previa a la crisis sanitaria. Añadir también la normalización del nuevo perfil de la pobreza que se había detectado en los dos últimos años, con un incremento de las personas pobres con empleo y de las personas pobres con estudios medios y/o universitarios.
Si bien es cierto que la investigación muestra los efectos positivos de las medidas impulsadas por el Gobierno ante el impacto de la COVID-19 –con un millón y medio de personas que evitaron entrar en situación de pobreza y exclusión gracias al Escudo Social–, no podemos ocultar la gravedad de unas cifras que nos colocan como el cuarto país en la Unión Europea con más personas en dicha situación.
En este contexto, a estos datos es necesario sumar también los resultados desvelados por nuestro III Informe 'El mapa de la pobreza severa en España', publicado el pasado 20 de diciembre, que refleja unas cifras más preocupantes: el 10,2 % de la población española vivía en 2021 con menos de 6.357 € por unidad de consumo al año (530 €/mes), 317.000 más que el año anterior.
El estudio también ha evaluado por primera vez los efectos de la pandemia sobre las tasas de pobreza severa, y señala que la crisis sanitaria fue para toda la sociedad en su conjunto, pero con efectos de extraordinaria intensidad entre los grupos más pobres y vulnerables.
Resulta especialmente alarmante la situación de los hogares monoparentales, la inmensa mayoría de los cuales están a cargo de una mujer: el 26,2 % se encuentra en situación de pobreza severa. Y también el de las familias numerosas, con el 27,2 % de las personas que viven en hogares con tres o más niños, niñas o adolescentes, en pobreza severa, cifra que casi multiplica por tres los datos registrados en el resto de los hogares. La lectura de estos datos es difícil de asumir, ya que revela una realidad cada vez más incuestionable: en España, tener hijos es un importante factor de riesgo de pobreza y/o exclusión.
Las conclusiones del Informe deben ser tenidas muy en cuenta a la hora de implementar medidas que amplíen la protección social a las familias y el apoyo a la crianza en la futura ‘Ley de Familias’, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Ejecutivo hace unas semanas con un necesario margen de mejora.
Con la llegada de un nuevo año, el tercero de la presente década, es nuestra obligación recordar los compromisos sociales adquiridos por nuestro país en el marco de la Agenda 2030, los ODS y el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que las Instituciones públicas están obligadas a cumplir.
Desde EAPN-ES, valoramos el alcance positivo de las medidas impulsadas por la Unión Europea y el Gobierno frente a la pandemia de COVID-19, muy diferentes a las que se aprobaron en 2008, entre ellas el ingreso mínimo vital, el incremento del salario mínimo y los ERTEs.
Sin embargo, el empeoramiento sostenido de los principales indicadores de pobreza, y el actual contexto de incertidumbre atravesado por el auge de la inflación y las consecuencias de la guerra en Ucrania, reflejan la necesidad de, no solo mantener estas medidas a lo largo de 2023, sino también un incremento de su cobertura y su intensidad, así como complementarlas con la aprobación definitiva de una Ley de Familias suficiente, y una Ley de Vivienda que garantice el disfrute de este derecho para todas las personas.
El aumento de los recursos y del alcance de las políticas públicas en materia de igualdad de género, justicia fiscal, educación inclusiva, empleo decente, garantía de ingresos, vivienda accesible o pensiones dignas, pueden ser hoy un deseo para el año que comienza, doce meses atravesados además por las diferentes convocatorias electorales. Sin embargo, desde EAPN-ES estaremos empujando para que estos propósitos de año nuevo se conviertan en realidades sociales que garanticen un 2023 más justo, igualitario e inclusivo.