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18/05/2023 | EAPN - Actualidad
Este miércoles 17 de mayo se ha aprobado, de forma definitiva, la primera Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda de la democracia, una demanda histórica de la sociedad civil y de las organizaciones sociales. Entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Nuestro país atraviesa desde hace años una emergencia habitacional que dificulta la garantía de una vivienda digna para millones de personas. Según el XII Informe sobre el Estado de la Pobreza, elaborado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), en 2021, el 36,2% de la población española en situación de pobreza tuvo un gasto elevado en vivienda. La vulneración de este Derecho Humano ha sido reiteradamente condenada por Naciones Unidas por la carencia de legislación y de políticas públicas adecuadas, pese a los tratados internacionales asumidos por España y lo dictado en nuestra propia Constitución.
Desde la EAPN-ES, hemos defendido que la vivienda es derecho humano indispensable y, como tal, se trata de un bien de utilidad social. Por lo tanto, es una buena noticia la aprobación de la primera legislación de la democracia en esta materia, que repercutirá en las personas en situación más vulnerable, aquella con más dificultades para disfrutar del acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible.
“La ciudadanía necesitaba esta ley, y aún más las personas con dificultades para acceder a una vivienda”, ha señalado Carlos Susías, presidente de EAPN-ES y EAPN Europa, que se refería a la medida como un “un elemento de estabilización y de cohesión social en nuestro país”.
En este sentido, destacan las medidas de protección del parque de vivienda social -prohibición de su venta, se asegura la titularidad pública del mismo y se impulsa nueva construcción-, el control del precio del alquiler en las zonas tensionadas, o la prórroga de la suspensión de los desalojos de personas vulnerables, que nació como medida para hacer frente a la COVID-19 durante el 2020.
Cabe señalar que la nueva legislación incorpora propuestas defendidas por EAPN-ES, enmiendas importantes que refuerzan la perspectiva social de la norma, enfocadas sobre todo a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Entre las aportaciones, destaca la incorporación de actuaciones encaminadas a garantizar una vivienda digna y adecuada para personas en situación de mayor vulnerabilidad social, chabolismo, infravivienda o en emergencia habitacional. También la actualización de la definición de ‘sinhogarismo’ que tendrá en cuenta a las personas individuales, así como a las familias y unidades de convivencia, para evitar la inseguridad jurídica y asegurar un acceso a las políticas públicas basado en el derecho humano a una vivienda adecuada.
Así mismo, se ha incluido dentro de la definición de vivienda social la vivienda social de emergencia, que dará respuesta a la necesidad temporal y urgente de prevenir situaciones de calle. Además, se mejorará la coordinación entre los diferentes niveles administrativos y departamentos sectoriales, para posibilitar la inclusión de las diversas formas de exclusión residencial mediante medidas específicas, desde una perspectiva integrada e intersectorial.
Aunque celebramos la aprobación de esta Ley, desde EAPN-ES recordamos el largo camino que queda por delante para que la vivienda sea considerada de forma efectiva un derecho humano en nuestra legislación, y para que se prioricen las actuaciones encaminadas a garantizar una vivienda adecuada, digna e inclusiva para las personas en situación de mayor vulnerabilidad social y emergencia habitacional, así como la aprobación de medidas específicas en materia de vivienda y discapacidad.
La Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda es una oportunidad para asegurar su función social en todo el territorio, lo que implica la imprescindible participación de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, en el marco de sus competencias. Esperamos, como instaba el Consejo de Europa esta misma semana, que su adopción y puesta en marcha se produzca lo antes posible y que los gobiernos autonómicos y locales utilicen las herramientas que la ley ofrece para solventar “los problemas estructurales a largo plazo de la vivienda”.