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04/06/2024 | EAPN - Notas de prensa
El riesgo de pobreza y/o exclusión social en nuestro país alcanza a 12,7 millones de personas. Así lo recoge el XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’ presentado este 4 de junio por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) en el Ateneo de Madrid. El estudio de referencia es el primero en mostrar los efectos de la guerra en Ucrania, de la inflación y de la crisis energética en el conjunto de la población, con especial atención a factores específicos asociados con la generación de pobreza en España, especialmente la vivienda, la precariedad laboral, la brecha de género o tener una discapacidad.
Según el Informe, el riesgo de pobreza o exclusión social -tasa AROPE- ha pasado del 26 % en 2022 al 26,5 % en 2023, 400.000 personas más, debido sobre todo al encarecimiento de la vida, como muestra el componente de privación material y social severa de la tasa AROPE. Los otros dos indicadores de la tasa -riesgo de pobreza y baja intensidad en el empleo-, se han mantenido prácticamente estables. Aun así, preocupa que 9,7 millones de personas vivan en riesgo de pobreza, con menos de 916 € al mes por unidad de consumo. Y la situación es, un año más, peor para las mujeres; los datos evidencian que la feminización de la pobreza es un problema estructural: hay 5,1 millones de mujeres pobres en España, 300.000 más que de hombres.
Algunos indicadores alertan, a su vez, sobre la realidad que atraviesan millones de familias, como es el caso del 37,1 % de los hogares que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, o que casi la mitad de la población (48,7 %) presenta dificultades para llegar a fin de mes. Además, es muy importante el impacto de la pobreza severa, es decir, la población que vive en hogares con ingresos menores a 611 € al mes: mejora en 2023 y prácticamente alcanza el cumplimiento proporcional de los objetivos anuales de la Agenda 2030, sin embargo, afecta todavía a 3,9 millones de personas.
Pese a lo preocupante de las cifras, EAPN-ES recalca que la situación sería mucho más grave sin la acción protectora del Estado, que consigue evitar que 10,6 millones de personas entren en situación de pobreza, y unos 2,4 millones en pobreza severa. Además, destacar el papel imprescindible de las pensiones públicas como factor de sostenimiento de la calidad de vida de la población: por sí solas, las pensiones reducen el riesgo de pobreza en 16,4 puntos, es decir, unos 7,8 millones de personas.
La peor parte se la llevan las familias con menores, a quienes afecta muy duramente el incremento del coste de la vida, lo que se traduce en un aumento de la pobreza infantil respecto al año anterior, del 27,8 % hasta el 28,9 %: unos 2,3 millones de niñas, niños y adolescentes están en riesgo de pobreza. En este sentido, EAPN-ES señala que no hay menores pobres sin hogares pobres, e insiste en que nacer en un hogar vulnerable aumenta las posibilidades de ser pobre en edad adulta.
Para la Red, preocupa especialmente la situación de los hogares monoparentales: más de la mitad (52,7 %) está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, frente al 49,2 % de 2022; además, la gran mayoría de ellos (el 80,7 %), están encabezados por una mujer. El encarecimiento de la vida derivado de las últimas crisis ha afectado especialmente a estas familias: el 26,5 % no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y más de la mitad (55,4 %) no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días.
En la presente edición del Informe se ha incluido un análisis de la relación entre pobreza y acceso a la vivienda. El aumento de los precios, la escasez de alquileres asequibles y las dificultades para acceder a una propiedad han creado una situación precaria para muchas personas, aumentando las desigualdades y contribuyendo a la persistencia de la exclusión social.
En este contexto, el Informe muestra el impacto social de la actual crisis de los alquileres: el precio medio del alquiler se ha incrementado cerca de tres veces más que la renta por persona, lo que supone un esfuerzo económico mayor y un agravante de la pobreza. En 2023, la tasa de pobreza entre quienes vivían de alquiler a precio de mercado (33,1 %) duplicó a la de quienes disponían de una vivienda en propiedad (15,8 %). Además, vivir de renta es más frecuente entre las personas en pobreza: una de cada tres personas pobres reside en una vivienda arrendada (33,3 % vs 15,7 % que no son pobres).
Pero no solo el régimen de tenencia tiene relación con la pobreza. Los gastos asociados a la vivienda lastran la recuperación de los hogares. Así, los retrasos en el pago del alquiler o de la hipoteca son el triple entre las personas en pobreza (afecta a un 25,2 %), y en el caso de los retrasos en el abono de suministros, aunque ha mejorado, todavía afecta a dos de cada cinco personas en pobreza (20,6 %). Por último, aumenta un año más la pobreza energética, que alcanza máximos históricos: un 43,1 % de las personas pobres tiene dificultades para mantener su vivienda lo suficientemente fresca en verano y un 38,5 % cálida en invierno.
Respecto al empleo, aunque sigue siendo fundamental, se mantiene la tendencia que ya se venía apreciando en años anteriores en lo relativo a la pérdida de su capacidad protectora frente a la pobreza. Así, en 2023, cerca de 2,5 millones de personas trabajadoras eran pobres. Esto se debe, principalmente, a la calidad del mercado laboral, que pese a las mejoras derivadas de la última reforma laboral y al incremento del salario mínimo, sigue caracterizado por la precariedad. La investigación muestra que tener empleos precarios -tanto en temporalidad como en parcialidad-, duplica el riesgo de pobreza. De hecho, cerca de una de cada tres personas pobres tiene un trabajo remunerado (el 32,0 %).
Esta precariedad afecta en mayor medida a las mujeres y a la población joven. Respecto a la brecha de género, además de una mayor tasa de desempleo (13,8 % vs 10,6 % en 2023), las mujeres triplican la tasa de empleo parcial de los hombres (21,1 % vs 6,6 %) y tienen menos ingresos, tanto en salarios como en pensiones (los hombres cobran un 18,6 % y un 48,6 % más, respectivamente). Estas diferencias históricas y estructurales tienen relación con los efectos de las crisis, y provocan que la recuperación no llegue por igual a hombres y a mujeres. Las diferencias en todos los indicadores se reducen cuando se deteriora la situación económica, pero se incrementan en los ciclos de recuperación, generalmente por la mejoría de las cifras entre la población masculina.
Por su parte, el desempleo y la precariedad se ceban también entre la población joven. La tasa de temporalidad de las personas ocupadas de 16 a 29 años es más del doble que la registrada a nivel general (34,7 % vs 15,7 %), mientras que una de cada cuatro tiene un empleo a jornada parcial. Respecto al paro juvenil, excede con mucho a la cifra de la población total: un 21,4 % frente al 12,2 %. Esta situación deriva en una problemática de pobreza entre la juventud que es muy preocupante, que afecta a más de 1,5 millones de jóvenes.
Como se ha señalado, la pobreza y exclusión social en España serían mucho más graves de no contar con el papel protector del Estado. En este sentido, las políticas impulsadas frente a las últimas crisis han supuesto una vía de contención, demostrando que, en materia de derechos sociales y en calidad de vida, no cabe ningún margen de retroceso a ningún nivel competencial, incluido el Parlamento Europeo que saldrá elegido en las próximas elecciones del 9 de junio.
De hecho, según el Eurobarómetro del pasado mes de abril, la ciudadanía de la UE considera la lucha contra la pobreza como el tema al que debe dar prioridad el Parlamento, y el segundo en el caso de España, solo por detrás de la salud pública. En este sentido, EAPN-ES ha presentado un documento con doce medidas prioritarias para los comicios europeos, que incluye propuestas para desarrollar políticas de ingresos mínimos, acceso a una vivienda asequible y adecuada, empleos y salarios dignos, y lucha contra la discriminación.
A nivel estatal, la Red propone aumentar la intensidad y la extensión de las políticas implementadas los últimos años y el impulso de un Pacto Estatal de Lucha contra la Pobreza, que cuente con el consenso de todo el arco parlamentario.
De manera urgente, y dada la situación que afrontan miles de familias por el encarecimiento de la vida, desde EAPN-ES se insta al Gobierno a que prorrogue las medidas del escudo social que concluyen el próximo 30 de junio, especialmente las enfocadas a colectivos más vulnerables. Entre ellas, mantener las rebajas del IVA en alimentos y bienes de primera necesidad, los descuentos reforzados del bono social, y la prohibición del corte de suministros.
Por último, señalar que la situación mostrada por el XIV Informe nos aleja aún más del cumplimiento de los compromisos adquiridos por los diferentes Gobiernos en el marco de la Agenda 2030. En el caso de la tasa AROPE, debería ser 5,5 puntos porcentuales más baja, es decir, 2,6 millones de personas deberían haber salido ya del riesgo de pobreza y/o exclusión social.
Las investigaciones de EAPN-ES han demostrado que apostar por políticas de protección social para afrontar las crisis funciona, pero hay que ser más ambiciosos. Acabar con la pobreza es una cuestión de garantía de derechos y de voluntad política.
La rueda de prensa ha tenido lugar el 4 de junio en la Sala Pérez Galdós del Ateneo de Madrid. Para presentar los datos, se ha contado con la intervención de Carlos Susías Rodado, presidente de EAPN España y EAPN Europa, Juan Carlos Llano Ortiz, responsable de Investigación de EAPN-ES, y Ruth Caravantes Vidriales, técnica de Incidencia de EAPN-ES.
Puedes descargar el Informe completo y el resumen ejecutivo aquí.
Rueda de prensa presentación XIV Informe 'El Estado de la Pobreza en España' de EAPN-ES.
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