Este sitio web utiliza cookies, propias y de terceros, para garantizar el funcionamiento de la web, personalizar el contenido y recabar información sobre la navegación y comportamiento del usuario. Puedes aceptar el uso de cookies o configurar sus preferencias, así como obtener más información en nuestra Política de Cookies.
Configuración
EAPN-Flash.¡Suscríbete a la actualidad de la red!
¡Haz tu donación contra la pobreza!
17/07/2024 | EAPN - Actualidad
Este lunes 15 de julio, el Gobierno se ha presentado al Examen Nacional Voluntario de la Agenda 2030, una evaluación que mide los avances de España en relación a la implementación y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda.
El evento se ha llevado a cabo en la sede de la ONU en Nueva York, dentro del Foro Político de Alto Nivel (FPAN), con la participación de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; la presidenta de Navarra, María Chivite; e Isabel Iparraguirre, vicepresidenta del Consejo de Desarrollo Sostenible y vocal de Futuro en Común, alianza de la que forma parte EAPN-ES.
El ministro Bustinduy señalaba entre las prioridades del Gobierno impulsar políticas públicas contra la pobreza y la desigualdad, abordar la crisis climática y ambiental, erradicar la precariedad y enfrentar la crisis de cuidados. Reconocía, a su vez, “asignaturas pendientes”, entre ellas algunas que ha venido señalando EAPN-ES en sus informes, como la brecha salarial de género, los efectos que sobre las familias en situación más vulnerable está teniendo la actual crisis de los alquileres, y la pobreza infantil.
Por su parte, Isabel Iparraguirre subrayaba la Agenda 2030 cómo “la hoja de ruta válida y con gran potencial transformador”, añadiendo que España “ha dado pasos en la buena dirección, pero ahora toca dar zancadas”.
ODS 1: ERRADICAR LA POBREZA
Con la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas reconocieron la erradicación de la pobreza cómo el mayor reto mundial. El acuerdo recogió el actual marco de propósitos y prioridades contenidos en los ODS y su firma supone el compromiso de erradicar la pobreza y conseguir una sociedad justa sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades.
En este sentido, EAPN-ES presenta cada año su Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’, que, entre otras cuestiones, evalúa el cumplimiento de las metas y compromisos relacionados con la pobreza y vulnerabilidad que fueron adoptados.
Los datos de la XIV Edición, presentada el pasado mes de junio, muestran una realidad que nos aleja aún más del cumplimiento de los compromisos adquiridos por los diferentes Gobiernos en el marco de la Agenda 2030. En el caso del riesgo de pobreza y/o exclusión social, la tasa debería ser 5,5 puntos porcentuales más baja, es decir, 2,6 millones de personas deberían haber salido ya del riesgo de pobreza y/o exclusión social.
En 2023, esta problemática afectaba a 12,7 millones de personas en España, el 26,5 % de la población. Según el Informe de EAPN-ES. La peor parte se la llevan las familias con menores, a quienes afecta muy duramente el incremento del coste de la vida, lo que se traduce en un aumento de la pobreza infantil respecto al año anterior, del 27,8 % hasta el 28,9 %: unos 2,3 millones de niñas, niños y adolescentes están en riesgo de pobreza. En este caso, para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, en 2023 la tasa de pobreza entre menores tendría que haber sido del 21,7 %, es decir, 7,2 puntos porcentuales más baja.
Pese a lo preocupante de las cifras, EAPN-ES recalca que la situación sería mucho más grave sin la acción protectora del Estado, que consigue evitar que 10,6 millones de personas entren en situación de pobreza, y unos 2,4 millones en pobreza severa.
En este contexto, desde la Red consideran que el Examen Nacional Voluntario de la Agenda 2030 es una oportunidad para asumir compromisos ambiciosos, que refuercen las medidas para la protección social de las personas en situación más vulnerable, entre ellas, el impulso de un Pacto Estatal de Lucha contra la Pobreza con un amplio consenso político. Por último, recuerdan que las políticas de inclusión social son motor de desarrollo y de inteligencia económica. Acabar con la pobreza es una cuestión de garantía de derechos y de voluntad política.