Este sitio web utiliza cookies, propias y de terceros, para garantizar el funcionamiento de la web, personalizar el contenido y recabar información sobre la navegación y comportamiento del usuario. Puedes aceptar el uso de cookies o configurar sus preferencias, así como obtener más información en nuestra Política de Cookies.
Configuración
EAPN-Flash.¡Suscríbete a la actualidad de la red!
¡Haz tu donación contra la pobreza!
14/02/2025 | EAPN - Actualidad
La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha elaborado el Avance de Resultados de su XV Informe Anual ‘El Estado de la Pobreza’, construido a partir de los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada el 13 de febrero. El documento recoge tanto la tasa AROPE -personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social-, como sus diferentes componentes: tasa de riesgo de pobreza relativa, la carencia material y social severa y el porcentaje de población con baja intensidad en el empleo.
Según el Avance, el riesgo de pobreza o exclusión social se ha reducido en el último año y alcanza al 25,8 % de la población residente en España, unos 12,5 millones de personas (200.000 menos que en 2023), la cifra más baja en la serie histórica (desde 2014). Desde EAPN-ES se valora la importancia de estos datos, que reflejan los avances en políticas sociales de los últimos años, pero alertan frente a unas cifras que desde 2014 no han logrado bajar del 25 % de la población. Es decir, al menos 1 de cada 4 personas en nuestro país se ha mantenido en riesgo de pobreza y/o exclusión social en la última década.
Añadir que, pese a la mejora generalizada, los datos actuales nos mantienen aún muy alejados de los compromisos internacionales adquiridos por los sucesivos Gobiernos en el marco de la Agenda 2030, y que en el caso de la tasa AROPE, sería del 20,1 %, es decir, 2,8 millones de personas deberían haber salido del riesgo de pobreza y/o exclusión social en 2024.
PREOCUPA LA POBREZA INFANTIL
En la Red muestran especial preocupación por la tasa AROPE entre menores de 18 años, que ha aumentado en medio punto, situándose en un alarmante 34,6 %, lo que se traduce en 2,8 millones de niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza y/o exclusión social en nuestro país. A esto se suma la situación de las familias monoparentales, que pese a la mejora generalizada la mitad sigue estando en riesgo de pobreza y/o exclusión social (50,3 % en 2024 frente al 52,7 % en 2023).
Por otro lado, medidas como el incremento del salario mínimo (un 60,9 % desde 2018) o la reducción de la temporalidad, han conseguido estabilizar el número de personas trabajadoras pobres. Sin embargo, es necesario que estas medidas se vean reforzadas con otras garantías sociales, para que ninguna persona empleada se vea en riesgo de exclusión y pobreza.
En la misma línea, se constata también una mejora en las cifras de pobreza y/o exclusión social entre las personas jubiladas (17,2 % en 2023 frente a 15,9 % en 2024), y desempleadas (pasan del 56,7 % en 2023 al 55,4 %) debido, entre varias cuestiones, al incremento de las pensiones más bajas o a la compatibilidad entre subsidios y otras garantías de rentas.
Por otro lado, aunque la tasa AROPE baja tanto en mujeres como en hombres, se mantiene la brecha de género, y la feminización de la pobreza se sigue constatando como una problemática constante y estructural, más evidente en las franjas de menor edad: empeora el riesgo de pobreza entre niñas y adolescentes menores de 16 años, y entre mujeres de 16 a 44 años.
En cuanto al origen y proceso migratorio, las políticas migratorias y de extranjería vigentes y la discriminación están aumentando las situaciones de pobreza. En 2024, más de la mitad de las personas de origen extracomunitario se encontraban en riesgo de pobreza y/o exclusión social (54,1 %). Sin embargo, si atendemos al origen de la población extranjera, es decir, si proceden de un país de la Unión Europea o no, las diferencias son considerables (35,1 % frente a 54,1 %, respectivamente).
Esto sugiere que una situación administrativa regularizada resulta fundamental en la lucha contra la pobreza. A esto deben sumarse medidas decididas contra la discriminación social que sufren las personas migrantes, y acciones como su inclusión en políticas de protección social -entre ellas el IMV-, independientemente de su situación administrativa, siempre que se cumplan los requisitos económicos.
SE AMORTIGUA LA INFLACIÓN, PERO EMPEORA LA VIVIENDA
En los últimos años, la tasa AROPE se ha visto lastrada por el empeoramiento del indicador de carencia o privación material y social severa (CMSS), que mide factores relacionados directamente con el coste de la vida, como la pobreza energética, la cesta de la compra, los costes asociados a la vivienda o las dificultades para llegar a fin de mes.
En 2024 se ha revertido la tendencia alcista de la CMSS, reduciéndose del 9,0 % al 8,3 %, gracias a medidas incorporadas en el Escudo Social y enfocadas específicamente a amortiguar los efectos de la inflación y de la crisis energética en los hogares más vulnerables, como el IVA súper reducido de los alimentos básicos o el bono social energético.
Destacar aquí el dato de pobreza energética, que encadenaba años de máximos históricos y que en 2024 descendió más de 3 puntos: el 17,6 % de la población no pudo permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. No obstante, pese a la mejora de este año, la pobreza energética ha aumentado un 65,9 % respecto a 2014 y prácticamente se triplica desde 2008 (sube un 196,3 %).
A esto se añade el porcentaje de personas con retrasos en los pagos relacionados con la vivienda, que se ha incrementado del 13,6 % al 14,2 %, constatando que los costes asociados a la vivienda son un factor determinante de pobreza y exclusión social en nuestro país.
LA SITUACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
El Avance incluye también un primer abordaje de la situación por Comunidades Autónomas. Se constata un año más la brecha territorial, con las regiones con mejores datos al norte, y aquellas con cifras más elevadas de pobreza y exclusión social al sur.
Esta brecha entre unas y otras mantiene una España dividida en el eje norte-sur con grandes desigualdades, en una horquilla muy amplia que, en el caso de la tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social, va desde el 14,8 % del País Vasco hasta el 35,6 % en Andalucía, más del doble, pese a haberse reducido el riesgo de pobreza y/o exclusión social en 1.9 puntos porcentuales en la región andaluza.
De hecho, se ha constatado una mejora generalizada de los indicadores, en la senda de la situación a nivel estatal, pero sin duda, aún queda un largo camino para revertir las desigualdades territoriales, y en este punto, el papel de las CCAA es imprescindible para erradicar la pobreza en nuestro país.
Los Gobiernos autonómicos tienen que desarrollar e invertir en gasto social, en suma a las partidas y medidas impulsadas a nivel estatal. Entre otras iniciativas, es necesario que se complemente de forma decidida el ingreso mínimo vital con las rentas autonómicas, garantizar el derecho de acceso y mantenimiento de la vivienda, y políticas focales de cohesión territorial.
POLÍTICAS SOCIALES ESTRUCTURALES
Las políticas sociales impulsadas frente a las últimas crisis están mostrando su eficacia en la reducción de las cifras de pobreza, exclusión social y desigualdad. De hecho, el XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza’ de EAPN-ES, publicado el pasado año, ya recogió el papel protector del Estado: si se hubiesen eliminado todas las ayudas y prestaciones en 2023, 10,8 millones de personas en todo el país habrían entrado en situación de pobreza.
EAPN-ES insiste en que las altas y constantes tasas de pobreza y exclusión evidencian un problema profundo y estructural, que afecta en mayor medida a familias con menores, mujeres, jóvenes, migrantes o personas con discapacidad, que empeoran de forma muy preocupante en momentos de crisis, y no mejoran de forma paralela con los datos macroeconómicos.
En este contexto, desde la entidad muestran su preocupación por el carácter temporal de las iniciativas incluidas en el Escudo Social, encaminadas específicamente a personas en situación de vulnerabilidad, y piden que la pobreza y la exclusión social se aborden con medidas estructurales de mayor intensidad y alcance, que no dependan del juego político y de la constante negociación parlamentaria.
Entre las medidas más urgentes, reclaman implementar una prestación universal por crianza para hacer frente a las altas tasas de pobreza infantil, políticas ambiciosas que pongan fin a la crisis de vivienda -incluyendo la protección frente al riesgo de desahucio o la ampliación del parque público destinado a alquiler social-, la garantía de rentas y empleos dignos, y dotar de recursos suficientes a la Estrategia Estatal de Lucha contra la Pobreza, aprobada por el Gobierno el pasado mes de diciembre.
“Las políticas impulsadas frente a las últimas crisis han supuesto una vía de contención, ahora toca acelerar para erradicar de forma efectiva la pobreza. En materia de derechos sociales y en calidad de vida, no cabe ningún margen de retroceso a ningún nivel competencial”, señalan desde la entidad.
DOCUMENTOS ADJUNTOS
