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26/03/2025 | EAPN - Actualidad
El nivel de renta condiciona el acceso de la población a los servicios de cuidado infantil y a personas dependientes. Así lo reflejan los datos de la ECV que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles.
Respecto a la última medición (2016), la cobertura de servicios de cuidado infantil y la proporción que accede a estos de manera gratuita ha aumentado: más de la mitad de las y los menores de 3 años asisten a centros de cuidado infantil (54,5 %) y de estos, dos de cada cinco lo hacen de manera gratuita (39,2 %), el doble que en 2016 (19,8 %). Entre las personas con menos ingresos también se ha incrementado la cobertura, sin embargo, el acceso a los servicios de cuidado infantil sigue siendo menor respecto a la población en general: 39,9 % frente al 54,5 %, respectivamente.
Misma tendencia se observa en el caso de las personas dependientes. Desde 2016, ha aumentado la cifra de quienes no tienen cubierta la necesidad del servicio de cuidados a domicilio (del 30,8 % al 37,1 %). Y aunque la dificultad para pagar estos servicios ha mejorado entre las personas que no los reciben, cuatro de cada diez (40,6 %) reconocen que se debe a falta de recursos.
Frente a estos datos, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) urge a retomar las políticas de protección a las familias con niños, niñas y adolescentes -como la prestación por crianza-, las medidas de conciliación o la protección específica a familias monoparentales que están incluidas en la propuesta de Ley de Familias, un compromiso del Gobierno y que a día de hoy sigue a la espera de tramitarse.
Y no solo eso. Desde la Entidad apuestan también por medidas más ambiciosas, entre ellas la protección de menores y de mayores de 65 años a través de una garantía de rentas universal que avale ingresos mínimos suficientes. “Esta garantía, junto a un fortalecimiento de los sistemas públicos, es la base para prevenir la pobreza infantil y el empobrecimiento en la Tercera Edad, asegurando una reducción de la transmisión intergeneracional de la pobreza y unas condiciones de vida dignas para toda la familia”, señala Carlos Susías, presidente de EAPN-ES y EAPN Europa.
A esto hay que añadir los datos de carencia material infantil publicados por la ECV, que preocupan a la entidad, y más teniendo en cuenta que en España hay 2,8 millones de niñas, niños y adolescentes en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Los valores de todos los indicadores de carencia material infantil se duplican entre los hogares con rentas más bajas, y son más elevados entre quienes viven en hogares monoparentales y en aquellos encabezados por una persona adulta de origen extracomunitario.
MAYOR SENTIMIENTO DE DISCRIMINACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN EXTRANJERA
Por otro lado, la ECV ha evaluado también el sentimiento de discriminación, que es mayor entre la población extranjera. La encuesta preguntó por cuatro contextos en los que se podría darse esta situación: al contactar con la Administración, al intentar alquilar o comprar una vivienda, en un centro educativo y en algún espacio público.
En los cuatro casos, el motivo más mencionado por el que sentir discriminación fue “origen inmigrante o étnico”. En concreto, dos de cada tres personas extranjeras de la UE (67,9 %) y tres de cada cuatro de las extracomunitarias (el 75,5 %) que se han sentido discriminadas señalan como motivo su origen. Para EAPN-ES, estos datos, unidos a las mayores dificultades de acceso a los servicios públicos, apelan a la apuesta por medidas como la regularización de las personas migrantes en situación irregular, por un lado, y a políticas antidiscriminatorias por otro.
EL ENCARECIMIENTO DE LA VIDA, PRIORIDAD PARA LA CIUDADANÍA
Los resultados de la ECV se suman a los publicados esta semana por la encuesta de invierno del Eurobarómetro, que revelan las principales preocupaciones de la ciudadanía española y europea en materia de bienestar social. Según el estudio, cuatro de cada diez (44 %) personas en España señalan la inflación, el aumento de los precios y el coste de la vida como el tema prioritario que debería tratar el Parlamento Europeo.
La lucha contra la pobreza y la exclusión social (35 %) se sitúa en tercer lugar entre las preocupaciones de la población española, por detrás de un mayor apoyo a la salud pública (40 %), y seguido por el apoyo a la economía y la creación de empleo (35 %).
A nivel europeo, cuatro de cada diez personas mencionan la inflación, el aumento de los precios y el coste de la vida (43 %) como tema prioritario, y tres de cada diez señalan la lucha contra la pobreza y la exclusión social (31 %).
MAYOR INVERSIÓN SOCIAL FRENTE A LA INCERTIDUMBRE INTERNACIONAL
Los resultados del Eurobarómetro revelan la preocupación de la ciudadanía europea y española por sus condiciones de vida, debido probablemente a los efectos de las sucesivas crisis desde 2008, que han deja unas tasas de pobreza y exclusión social altas y constantes. De hecho, en España, al menos 1 de cada 4 personas en nuestro país se ha mantenido en riesgo de pobreza y/o exclusión social en la última década.
El actual contexto internacional -marcado por el segundo mandato de Donald Trump, sus políticas arancelarias, y su postura frente a la guerra en Ucrania-, deja un panorama de incertidumbre económica, política y social que afectará en mayor medida a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, y pone en riesgo los avances en materia de derechos y el propio Estado del bienestar.
EAPN-ES insiste en que las tasas de pobreza y exclusión evidencian un problema profundo y estructural, que afecta en mayor medida a familias con menores, mujeres, jóvenes, migrantes o personas con discapacidad, que empeoran de forma muy preocupante en momentos de crisis, y no mejoran de forma paralela con los datos macroeconómicos.
El contexto internacional está planteando riesgos para la paz, la recuperación económica y la supervivencia de los valores democráticos. Frente a esta situación, desde la Red piden a las diferentes formaciones políticas una apuesta firme por aumentar y profundizar en las políticas sociales mediante un Pacto Estatal contra la Pobreza, como medida de protección de los colectivos en situación más vulnerable y garantía del Estado de Bienestar, en la senda demandada por la ciudadanía.