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04/02/2020 | EAPN
Más de 40 entidades sociales, convocadas por la Plataforma del Tercer Sector, han reclamado ante el relator especial de la ONU de Derechos Humanos, Philip Alston, la urgencia de aprobar medidas políticas y económicas para revertir la situación de pobreza que se está viviendo en España derivada, principalmente, de la crisis económica que se inició en el año 2008 y que trajo consigo medidas restrictivas en materia social que afectaron, y siguen haciéndolo, a los colectivos más vulnerables.
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha manifestado que España tiene un problema de pobreza estructural y multidimensional que tiene que solucionarse de manera inmediata a través de políticas sociales que actúen de manera transversal en todos los ámbitos de la sociedad: vivienda infancia, juventud, empleo, etc, recuperando los presupuestos económicos y garantizando los derechos humanos porque éstos no pueden esperar más.
La reunión se enmarca en la visita de investigación que el relator está realizando por el país para analizar la pobreza y poder llevar a cabo una serie de recomendaciones al nuevo Gobierno para paliar esta situación, de pobreza y exclusión social, que afecta al 26,1% de la población (12, 3 millones de españoles).
En el acto han estado representadas entidades y movimientos sociales que trabajan en el ámbito de la discapacidad, mujer, juventud, cooperación al desarrollo, mayores, adicciones, inmigración, sinhogarismo, voluntariado y también organizaciones que defienden los derechos de los colectivos LGTBi y de los habitantes en entornos rurales.
Todas ellas han coincidido en que, a pesar de que el Producto Interior Bruto (PIB) ha crecido, las políticas sociales no han mejorado, al igual que tampoco lo han hecho las tasas de pobreza y exclusión social. De hecho, han puesto sobre la mesa cómo en los diferentes colectivos citados, el paro, el salario, el acceso a la vivienda o a la salud son algunas de las situaciones que provocan exclusión social y pobreza, al tiempo que también está ligado a tener una discapacidad, ser migrante, mujer, joven, persona mayor o vivir en una zona rural.
Las entidades sociales reunidas han lanzado un mensaje al nuevo Gobierno para que atajen cuanto antes estos problemas y se comprometan con medidas firmes con los derechos sociales y la dignidad de las personas.