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07/02/2020 | EAPN - Actualidad
Durante el mes de febrero de 2020, Philip Alston, Relator Especial de Naciones Unidas para la Pobreza Extrema y Derechos Humanos, ha realizado una visita de dos semanas a España para analizar la situación de pobreza en la que vive una parte de la sociedad. Con el apoyo de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en el Estado Español (EAPN ES), se ha entrevistado con representantes de sus redes territoriales, ha oído las informaciones procedentes de una diversidad de organizaciones sociales que luchan contra la pobreza y ha dialogado con personas afectadas directamente por la pobreza y la exclusión, visitando 16 Comunidades Autónomas. Por otra parte, ha confrontado y revisado los datos y los testimonios con autoridades, funcionarios, políticos y parlamentarios autonómicos, de los ámbitos local, autonómico y estatal. El viernes 7 de febrero ha presentado las conclusiones preliminares de su Informe a través de una rueda de prensa.
“Hay dos Españas”: Alston comenzó su exposición señalando que “hay dos Españas: una próspera y otra que tiene un porcentaje elevado de personas que están en el margen, tratando de sobrevivir.” Las estadísticas son muy claras. “En lo económico, el país va bien, con un alto PIB y renta per cápita. En lo social, es diferente. España está al final o cerca de los que tienen peores indicadores dentro de la Unión Europea. La tasa AROPE es más alta que la media. La tasa de abandono escolar prematuro (jóvenes que dejan los estudios después de llegar a los 16 años) es el peor de la UE. La vivienda social sólo ocupa el 2% del presupuesto, cuando llega al 20% en el resto. La tasa de desigualdad se sitúa entre las peores. Las tasas de desempleo, particularmente la juvenil y de las mujeres, son las peores de Europa”, indicó.
“La pobreza es una decisión política”. Como viene sosteniendo EAPN en sus múltiples publicaciones y testimonios, el Relator coincidió en que “Los niveles de pobreza existentes se deben a decisiones políticas, de las últimas décadas”. El marco en el que se producen estas decisiones se caracteriza por la concentración de la riqueza y el crecimiento de la desigualdad, por el descenso de la recaudación y por la menor inversión en políticas sociales, entre 2007 y 2017. En consecuencia, Alston advirtió:
“Tenemos lo que pagamos”. Es decir que “Si no se invierte en protección social, estas son las estadísticas que se obtienen”.
“Hay dos grandes grupos de personas afectadas”. En un grupo estarían las personas que tienen algunas características particulares o condiciones de vulnerabilidad, que se encuentran en las peores situaciones: las personas con discapacidad (con muy poco acceso a todos los sistemas de protección, que tienen escaso nivel de empleo y que viven vidas muy duras), la población gitana (aunque han mejorado algo, están viviendo en condiciones pésimas, la policía no los protege, se encuentran excluidos y los políticos los consideran como “una causa perdida”), las personas inmigrantes (especialmente los menores extranjeros no acompañados, un grupo que vive situaciones desesperadas, todavía sometidos a los exámenes biométricos, lo cual “considero que es un enfoque bárbaro”), las personas trabajadores domésticas (cuya situación es muy vulnerable, porque son muchas: las que están “bajo el radar”, están mal pagadas y explotadas, las que están en condiciones regulares, “tienen pocos derechos y escasa protección social”), las personas trabajadoras rurales en la España vaciada (quienes reciben “poca atención gubernamental, y experimentan grandes historias de miseria”). El segundo grupo problemático, el más numeroso, son los españoles y españolas con bajos ingresos. Las mujeres se encuentran en peores situaciones, sufren la violencia de género, y son mayoritariamente jefas de familias monoparentales, las cuales están un 50% en riesgo de pobreza y exclusión (AROPE), entre otras cosas porque “ganan menos en la economía general”. Aunque las personas españolas con bajos ingresos se benefician en algunos aspectos, como es el caso de la sanidad (que es muy buena y envidiable), o del sistema de pensiones (los pensionistas tienen un buen nivel de ingresos), el resto debe contentarse con un sistema de protección “precario y lúgubre a veces”. Con respecto a estos dos grupos, el Relator explicó que “He visitado 16 Comunidades Autónomas, he hablado con una amplia cantidad de personas en pobreza, gitanos en chabolas, inmigrantes viviendo en las peores condiciones que he visto, y también he hablado con gente corriente, que están combatiendo la pobreza. Gente que está discerniendo entre comer o pagar la calefacción”.
Los fallos en las políticas de vivienda, en la provisión de servicios y en el sistema educativo: Philip Alston destacó especialmente los graves problemas de vivienda y, especialmente, el elevado nivel de desahucios, sin que exista un sistema adecuado de viviendas sociales. Esta situación además hipoteca el futuro de los jóvenes: “Los más ricos tienen casas, pero las personas jóvenes deben permanecer en casa, con sus padres, hasta edades adultas”, reflexionó. Por otra parte, indicó que más de 3 de cada 10 familias sufren pobreza energética, por no poder pagar los servicios de gas y electricidad. Observó un bajo nivel de asistencia a la primera infancia, de 0 a 3 años, para los hogares pobres. Destacó que alrededor del 30% de los niños, niñas y adolescentes viven en pobreza, 1 de cada 3, una cifra que consideró altamente alarmante. Como señala también el Informe de EAPN Poverty Watch 2019, la educación “no está sirviendo como mecanismo de movilidad social de aquellos que viven en la pobreza”. El sistema educativo es gratuito y universal, pero muchos no pueden pagar los costes añadidos; el sistema genera, en la práctica, un alto nivel de segregación (escuelas “para pobres”, con un nivel y resultados deficientes o bajos). También concluyó que el sistema educativo español no está adaptado al siglo XXI, ni a sus necesidades.
Las rentas mínimas: “buenas en principio, pero malas en la práctica”. En este sentido, las conclusiones del Relator van en línea con los estudios y posicionamientos realizados por EAPN a través de su proyecto EMIN, que analiza el sistema de Rentas Mínimas de España. Philip Alson reflexionó que esta idea “es buena en principio”, pero en la realidad los resultados son malos. Esta valoración se origina en las enormes variaciones de cobertura entre los recursos de las CCAA, los exagerados requisitos para el acceso y el mantenimiento, las cuantías insuficientes (400 euros o menos), la no portabilidad entre territorios y la incompatibilidad con el empleo, lo cual impide que el recurso sea realmente sostenible.
Propuestas concretas. Las propuestas realizadas por el Relator coinciden con las señaladas en diversos documentos políticos por parte de la EAPN, entre ellos las peticiones a los partidos políticos, ante las últimas elecciones generales: el enfoque tiene que hacerse sobre la base de los derechos sociales, que están en la Constitución y que “deben ser tomados en serio”. Se debe asumir que “todas las personas tienen derecho a una vida decente”. Alston consideró que, a pesar de que él reconoce la importancia de la descentralización dentro de la organización política española, “el liderazgo nacional y la coordinación para mejorar el sistema de protección implicará juntarse para construir un terreno amplio, diseminado, de justicia social para todos”, para que los derechos “no dependan de dónde vive cada uno”. Con respecto al empleo, se trata de un área clave: “las ventajas de quienes tienen contratos fijos y la precariedad extraordinaria de los demás que no los tienen es insostenible.” En este sentido, apuesta por una reforma laboral adecuada, que combata la precariedad. Con relación a la fiscalidad, Alston criticó el hecho de que “España recauda menos y tiene menos para gastar, no lo hace de forma progresiva, lo cual afecta la redistribución”. Explicó que “Las clases medias reciben más beneficios que los pobres. No debería ser así.” Instó al Gobierno a publicar las estadísticas reales de los impuestos que están pagando las corporaciones en España y a combatir la persistente evasión fiscal con acciones más fuertes. En el tema de la vivienda, se mostró partidario a aplicar el “derecho a la vivienda que figura en la Constitución”, pero que no se estarían tomando en serio los políticos y autoridades. Instó a seguir los ejemplos de Paris, Berlín, y de muchas ciudades de EEUU en las que se ha optado por controlar los alquileres, con sistemas flexibles, dado que en estos sitios esta medida está funcionando adecuadamente: “Dada la situación crónica de España, es algo importante a asumir”.
“España debería mirarse de cerca en el espejo”. Afirmó Alston que: “Lo que verá no es lo que desearía la mayoría de españoles, ni lo que muchos responsables de formular políticas tenían planeado: una pobreza generalizada y un alto nivel de desempleo, una crisis de vivienda de proporciones inquietantes, un sistema de protección social completamente inadecuado que arrastra deliberadamente a un gran número de personas a la pobreza, un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico, un sistema fiscal que brinda muchos más beneficios a los ricos que a los pobres y una mentalidad burocrática profundamente arraigada en muchas partes del gobierno que valora los procedimientos formalistas por encima del bienestar de las personas”.
Los políticos han fallado. “Los formuladores de políticas les han fallado en gran medida a las personas que viven en la pobreza, y los derechos sociales rara vez se toman en serio. La vivienda de bajo coste es casi inexistente y el sistema para brindar asistencia social está quebrado, es imposible de navegar y hace que las familias acaudaladas se beneficien más de las transferencias de efectivo que las familias pobres. Mientras tanto, las empresas están pagando la mitad de los impuestos que antes de la crisis a pesar de registrar fuertes beneficios”.
Esperanza en el enfoque del Gobierno de coalición: El Relator destacó que “mucho de lo mencionado pertenece al pasado, ahora hay un elemento de esperanza, el acuerdo entre los partidos de coalición, donde he identificado un número de elementos en la dirección que he mencionado”. “El único aspecto positivo en la situación es que el nuevo Gobierno de coalición está firmemente comprometido con lograr la justicia social, pero los desafíos son grandes”, agregó.
EAPN ES considera que la visita y el Informe del Relator Especial constituyen un hito en la visibilización de las situaciones insoportables en las que viven millones de personas en España y una llamada de atención que se debe escuchar de forma prioritaria, para llevar a la práctica medidas que creen una sociedad más justa, basada en los derechos humanos para todas las personas.