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09/03/2020 | EAPN - Actualidad
El 23,4% de los menores de 16 años de la Unión Europea está en riesgo de pobreza o exclusión social, según las cifras del Eurostat, la agencia oficial de estadística de la UE.
Una realidad que es mucho más acuciante en el caso de España, donde este riesgo afecta al 29,5% de los niños y niñas, cifras solo superadas por Rumanía, Bulgaria, Grecia e Italia.
El Consejo Europeo utiliza tres criterios para determinar si una persona está en riesgo de pobreza o exclusión social. El primero es si dispone de unos ingresos per cápita después de ayudas sociales inferiores al 60% de la renta media del país. El segundo es si los miembros del hogar menores de 59 años trabajan por debajo del 20% de sus horas potenciales. Y el tercero, si cumplen al menos cuatro de las siguientes condiciones: no poder hacer frente al pago de la hipoteca, del alquiler o de los suministros; ser víctima de pobreza energética; no poder hacer frente a gastos inesperados; no poder comer carne o proteínas de forma regular; no poder irse de vacaciones o no poder afrontar una serie de gastos que van desde la compra de un coche, un teléfono, un televisor a una lavadora.
Con esta definición del Consejo Europeo, en 2018 —último año con datos disponibles— 4,5 millones de hogares, casi el 25%, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. Si se tiene en cuenta el número medio de personas por hogar, esta condición afectaría a 12 millones de personas, según indica un boletín del Banco de España elaborado por Aitor Lacuesta y Brindusa Anghel.
Según la valoración de este informe, el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión se mantuvo estable durante el periodo 2005-2008 y se disparó durante los peores años de la crisis económica, sobre todo entre 2009 y 2013. Desde entonces, según indican en este estudio analítico, las cifras se han ido reduciendo, aunque “esta mejoría no ha permitido devolver los niveles de esta medida de riesgo de exclusión en España a sus registros precrisis”.
Este informe del Banco de España, publicado este 5 de marzo, señala que muchos de estos hogares tienen que “dedicar parte de sus ingresos limitados a la manutención de dependientes menores o mayores que viven en el mismo hogar y son inactivos”. El estudio habla también de “otras realidades de pobreza, como las de algunos colectivos de pensionistas, trabajadores con salarios por hora bajos o trabajadores con gastos por miembro del hogar elevados”, que obligan a tratar la desigualdad y la pobreza “desde múltiples perspectivas, a fin de lograr que las políticas económicas encaminadas a mitigarlas tengan el diseño más apropiado”.