EAPN-ES identifica más de 50 medidas que mejoran el encaje del Ingreso Mínimo Vital con las rentas autonómicas

El informe plantea propuestas de cambio, mejora e incorporación de casuísticas, así como consideraciones respecto a la función de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en el seguimiento de su implementación

14/07/2020 | EAPN - Actualidad

Tras un mes desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en el Congreso para afrontar la pobreza severa en España, la Red Europea de Lucha contra la pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha elaborado un informe que identifica más de medio centenar de propuestas de cambio, mejora e incorporación de casuísticas que profundizan en el encaje de este nuevo ingreso con los diferentes modelos de renta mínima de las Comunidades Autónomas.  Asimismo, el informe plantea consideraciones generales sobre problemas prácticos que se están encontrando las entidades respecto al acceso y cobertura del IMV.

El documento se ha presentado hoy en el contexto de la  Jornada "Rentas Mínimas Adecuadas y Accesibles para familias vulnerables" organizada por la Red Europea de Lucha contra la pobreza y la Exclusión Social, en la que han intervenido el presidente de EAPN-ES, Carlos Susías, la asesora del Gabinete de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Amparo González Ferrer, y la responsable de asuntos europeos e incidencia política de EAPN ES, Graciela Malgesini.

Carlos Susías ha puesto el foco en que los sistemas de rentas mínimas de las Comunidades Autónomas deberían complementar el Ingreso Mínimo Vital hasta alcanzar el nivel de ingresos que marca el umbral de pobreza.

Por su parte, Amparo González Ferrer ha  incidido en las dificultades del encaje casi individualizado del Ingreso Minimo Vital para cada Autonomía, y ha señalado que más allá del solapamiento de beneficiarios/as, le preocupan las personas que no quedan cubiertas por barreras normativas o de naturaleza administrativa.

Algunas de las consideraciones principales que recoge el informe, que ha sido presentado por Graciela Malgesini, se refieren al monto del ingreso mínimo, esto es los 462 euros por persona, que se califica de inadecuado para la supervivencia; y en este sentido, se debería asegurar que las Comunidades Autónomas, a través de sus respectivos convenios, complementen esta cifra con ayudas a la vivienda, para garantizar una vida digna; un supuesto que, incide el documento, debería quedar reflejado en el reglamento de la Ley; así como asegurar el mantenimiento y compatibilidad con la actual prestación por hijo a cargo, como ocurre en otros países de nuestro entorno.

El informe apunta una decena de cambios referentes a la unidad de convivencia que deberían recogerse, como la incorporación de la pareja de hecho no registrada, o de familia extensa más allá del segundo grado, o a aquellas que compartan el mismo domicilio, por ejemplo, en habitaciones alquiladas.

A su vez, habla de incoporar a tías/os con sobrinos/as, en los casos en que tengan concedidas la guardia y custodia de los menores de 18 o de mayores, si tuvieran discapacidad, o a los hijos e hijas de las personas que se encuentran en situación irregular en España, así como a hijos e hijas de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional que no estén dentro del sistema de acogida. Se apunta que es importante que no se exija que los requisitos, en estos últimos dos casos, los tengan que cumplir todos los miembros de la unidad de convivencia.

Otros grupos a incorporar, que señala el documento, son las personas jóvenes que salgan del sistema de protección al cumplimiento de la mayoría de edad hasta los 23 años, y las familias numerosas con 4 o más hijos/as que se encuentran en situación de pobreza y otros miembros dependientes, ya que actualmente sólo se contemplan hasta 5 personas en la unidad de convivencia.

El análisis indica también nuevas casuísticas referentes a las cantidades a percibir, y menciona el caso de hogares que el año anterior tuvieron una situación normalizada o llegaban al mínimo pero que en el contexto de la COVID-19 han generado ingresos bajos o nulos. Señala además, entre otros, los casos de las unidades familiares que tienen un ingreso normal en términos nominales, pero que tienen una renta neta que encaja con el nivel establecido por el IMV, porque poseen un volumen elevado de deudas originadas por el desempleo o la caída de ingresos (como hipotecas o crédito).

Asimismo se apuntan propuestas para resolver los problemas de exclusión financiera y de baja bancarización de personas y colectivos en situación de vulnerabilidad como la apertura automática de una cuenta bancaria de oficio a todas aquellas unidades de convivencia perceptoras que carezcan de una, el establecimiento del carácter inembargable del IMV y la imposibilidad de cerrar la cuenta. Y mientras se realizan estos trámites, piden se permita el cobro en efectivo en ventanilla o en una tarjeta provisional bancaria emitida gratuitamente por la entidad bancaria.

Más de una treintena de propuestas relativas a la compatibilidad con otros ingresos, a los requisitos de edad o residencia, de vida independiente, conocimiento y solicitud previa de ayudas, a criterios de empadronamiento, excepciones a la obligación del cumplimiento de algunos requisitos o al no retroceso en niveles de protección social adquiridos mediante las rentas mínimas autonómicas completan, entre otros temas, el informe de la EAPN-ES.

Finalmente, la EAPN-ES solicita participar, en representación de las entidades del Tercer Sector de Acción Socialen, en las reuniones y comisiones de seguimiento para establecer los convenios de colaboración o gestión del Ministerio con las Comunidades Autónomas.