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Pobreza energética

El Tercer Sector reitera al Gobierno la necesidad de regular el concepto de vulnerabilidad social para que se aplique a los suministros energéticos

En una reunión de trabajo mantenida con la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, Teresa Ribera

21/12/2020 | EAPN

La Plataforma del Tercer Sector, que representa a casi 28.000 entidades sociales, ha reiterado este viernes a la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, Teresa Ribera, la necesidad de regular el concepto de vulnerabilidad social para que se pueda aplicar también a los suministros energéticos y poner solución a la pobreza existente en esta materia.

Así se ha puesto de manifiesto en una reunión de trabajo mantenida con Ribera, y convocada por su propio ministerio, en la que ha estado presente una delegación de la PTS integrada por el vicepresidente de Agenda Social, Incidencia Política y Diálogo Civil, Luis Cayo Pérez Bueno; el vicepresidente de Políticas sociales, Agenda 2030 y Asuntos Europeos, Carlos Susías; el vicepresidente de Financiación y Sostenibilidad, Leopoldo Pérez; y una portavoz del equipo de  Incidencia de Cáritas Española, Sonia Olea.

Durante la cita, se ha abordado la necesidad de reforzar la protección a las personas en situación de vulnerabilidad social en relación con los suministros energéticos y se ha dado voz a las ONG para poder ofrecer una cobertura más intensa y eficaz a estos colectivos.

En este sentido, los representantes de la Plataforma del Tercer Sector han recordado que en mayo de este año ya se planteó al Gobierno una regulación transversal del concepto de vulnerabilidad social ya que, a su juicio, podría ser un factor “relevante” a la hora de estudiar vías que puedan luchar contra la pobreza energética en España.

Asimismo, el Tercer Sector ha tendido la mano a Ribera para colaborar en la implementación de medidas contra la pobreza energética y han puesto sobre la mesa la necesidad de que las entidades sociales sean consideradas colaboradoras de la Administración General del Estado para que, cuando sea necesario, puedan actuar como mediadoras sociales para determinar situaciones de vulnerabilidad. “Siempre respetando los servicios sociales y el carácter público de los mismos, pero intentando evitar una falta de respuesta administrativa ante la situación de emergencia actual y la enorme demanda generada por el virus”, han subrayado desde la PTS.

De la misma manera, las ONG han insistido en mantener la prohibición del corte de suministros básicos para aquellas personas y familias que sean consideradas vulnerables.

La vicepresidenta ha acogido con receptividad las propuestas del Tercer Sector y se ha comprometido a establecer un canal de interlocución directa y fluida con la propia Plataforma del Tercer Sector para analizar las propuestas explicadas e irlas incorporando en las decisiones futuras del Gobierno.

Por último, Ribera ha recordado el compromiso del área que dirige con el desarrollo de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, y la ha definido como una acción “prioritaria”.

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