REPORTAJE

La energía, un derecho convertido en artículo de lujo

En 2019 la pobreza energética afectaba al 7,6% de las familias en España

26/01/2021 | EAPN - Actualidad

La llegada del invierno, la elevada incidencia de la COVID-19, los temporales Filomena y Hortensia han evidenciado, un año más, que no tener acceso a la energía mata, como el fumar. Y una vez más, quienes peor lo pasan son las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Aunque los esfuerzos realizados en los últimos 3 años produjeron un tímido retroceso de la pobreza energética en España, en 2019 el 7,6% de las familias, es decir más de 3,5 millones de personas en el conjunto del país, no podían mantener sus viviendas a temperatura adecuada en invierno, cifra a la que la pandemia en 2020 ha venido a sumar muchos miles más.

Los datos extraídos del Observatorio de Pobreza, Desigualdad y Exclusión de la EAPN-España nos indican que la tendencia hasta la llegada de la COVID-19 era de pequeño pero importante descenso de la pobreza energética en España. Desde 2017 hasta 2019 se redujo un 3,5% la imposibilidad de mantener la vivienda a temperatura adecuada en invierno.

También se redujo un 11% el retraso en el pago de suministros, afectando en 2019 al 6,6% de los hogares en España. Así mismo disminuyó otro 3,5% el gasto desproporcionado, un problema que sufrían antes de la pandemia el 16,7% de las familias, y un 1% la pobreza energética escondida que en 2019 afectaba al 10,6% de los hogares.

(Fuente: Observatorio de Pobreza, Desigualdad y Exclusión https://www.observatoriopobreza.org/banco-datos.php?b=1)   

Las cifras siguen siendo elevadas y la pandemia ha venido a empeorarlas. Y aunque no tendremos datos oficiales del impacto social de la pandemia hasta bien entrados 2022, sabemos que está siendo preocupante en términos de empobrecimiento y aumento de necesidades sociales, como lo certifican en su día a día las 18 entidades estatales y las 19 redes territoriales que integran la EAPN-España.

Y si a esto añadimos la realidad del cambio climático, que supondrá a corto y medio plazo inviernos y veranos más extremos, que requerirán mayor consumo energético para mantener nuestras viviendas a temperatura adecuada, pues tenemos la tormenta perfecta.

Patrones de vulnerabilidad

La pobreza es un fenómeno multifactorial y multidimensional, donde la pobreza energética es un factor más que influye en las condiciones materiales indispensables para alcanzar la calidad de vida. La energía se ha convertido en un bien económico-financiero, generando asimetrías determinadas por el sobreesfuerzo o incapacidad de pago de las facturas, influenciando el acceso a la misma.

La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) indicaba en su Informe Pobreza energética 2018 que en torno a 7100 muertes producidas en invierno podrían estar asociadas a la pobreza energética.

Y según las características socioeconómicas del hogar afectado por pobreza energética se confirman patrones de vulnerabilidad relacionados con el nivel educativo (bajo nivel de estudios), la situación laboral (personas paradas, perceptoras de Renta Activa de Inserción o contrato temporal), el estado civil o el país de origen, la presencia de personas con mala salud y/o enfermas crónicas, o las personas perceptoras de ayudas sociales.

Destacan, especialmente, aquellos hogares conformados por familias monomarentales (madres solas con hijos a cargo), que muestra una feminización de la pobreza energética, los hogares unipersonales de personas mayores y los hogares con rentas más bajas. Con la COVID-19 se unen también otros perfiles como el de profesionales autónomos/as con cese de actividad o con una reducción de facturación importante.

Según Eurostat, España es el undécimo país de la Unión Europea con mayor porcentaje de personas en situación de pobreza energética, una realidad que antes de la COVID-19 afectaba al 11% de la población de la Unión Europea, esto es a 54 millones de personas. Ante este grave problema social, en 2019 los entes locales representados en el Comité Europeo de las Regiones urgieron a la Comisión Europea a concretar objetivos específicos de reducción de la pobreza energética para 2030 y para su erradicación en 2050.

Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza Energética

A nivel estatal, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN-ES) valora positivamente el trabajo realizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y la Secretaria de Estado de Energía para cumplir con el compromiso de elaborar una Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza Energética anunciado en el RDL 15/2018, así como la iniciativa de abrir dicha estrategia a la participación de los distintos actores implicados.

La Estrategia establece como objetivo alcanzar en 2025 una reducción del 50% para cada uno de los indicadores (sobre los valores de 2017), e indica una reducción mínima del 25%. 
 

La EAPN-ES considera la Estrategia un primer acercamiento para abordar el problema, sin olvidar que la pobreza energética está relacionada con la lucha contra la pobreza y la exclusión social, siendo una parcela más de la misma. No obstante, indica, sería necesario revisar, aclarar y ampliar el análisis y propuestas en algunas cuestiones como el precio de la energía, el bono social y la financiación de la Estrategia.

La Red también valora positivamente las medidas tomadas por el gobierno mediante el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, así como la dotación prevista en los PGE para el Bono Social.

Y aunque urge a apoyar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad social desde una perspectiva transversal y global de la lucha contra la pobreza y la exclusión, considera fundamental tomar medidas específicas eficaces y sencillas para aquellos hogares de menores ingresos y realizar un análisis de las actuaciones en torno al bono social como paralizar los cortes de suministros durante el Estado de Alarma; dar facilidades para realizar las gestiones oportunas para acogerse al bono, así como para su renovación; y hacer una revisión de los criterios de acceso que a veces dejan fuera a quienes más lo necesitan (certificado de empadronamiento, titularidad de los suministros, etc.)

Recomendaciones de la EAPN-ES para mejorar el impacto en la lucha contra la pobreza energética

En este contexto, la petición del bono social aumenta, y aun siendo el bono social y el térmico herramientas importantes, no palían la totalidad de necesidades en España. Desde EAPN-España se proponen una serie de medidas de optimización del Bono Social en relación con el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores y el Proyecto de Ley, que se detallan a continuación:

1. Bono social energético que contemple tarifas sociales para diferentes suministros, incluido el agua potable.
2. Promover el diagnóstico de la incidencia de la pobreza energética entre las familias numerosas, que permita evaluar si deben ser perceptoras del bono de forma automática o si deben ser considerados como colectivo con circunstancia especial.
3. Inclusión de los hogares con algún miembro en situación de dependencia de grado I con los mismos criterios que el resto de las situaciones de dependencia.
4. Inclusión en circunstancia especial el hecho de que todos los miembros de un hogar estén en desempleo.
5. Permitir la acreditación de la residencia en la vivienda y, por ende, el ser consumidor a través del contrato de alquiler en vigencia o contrato de cesión.
6. Aliviar la excesiva carga burocrática desincentivadora, simplificando al máximo la información disponible y su tramitación para eliminar barreras de acceso.
7. Abrir una línea de colaboración y trabajo conjunto con los Servicios Sociales y Entidades Locales.
8. Promover una campaña informativa sobre el Bono Social y su solicitud.
9. Estabilizar el mecanismo de financiación del bono social para evitar interpretaciones e impugnaciones periódicas que acaben repercutiendo en los consumidores.
10. Aplicación a la cantidad endeudada los mismos porcentajes de bonificación previstos (25% en el caso de consumidores vulnerables y 40% en el caso de consumidores vulnerables severo), una vez acreditados los requisitos de acceso al bono.
11. Transcurrido el plazo establecido para comunicación del resultado a la solicitud del bono, dicha ausencia de comunicación se entenderá como silencio positivo.
12. Las sanciones económicas a las comercializadoras deberán utilizarse para financiar el bono social, las deudas y/o contribuir a mejorar la eficiencia energética de los hogares vulnerables.
13. Revisión de los umbrales de renta establecidos para la obtención del Bono Social, valorando utilizar el Salario Mínimo Interprofesional en lugar del IPREM.
14. Promover la creación y difusión de una buena información estadística que permita auditar y evaluar el impacto del Bono Social en la vida de los hogares que sufren condiciones de pobreza energética.

Asimismo, EAPN-ES plantea retomar el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores (procedente del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre), pues considera es un buen marco normativo para luchar contra la pobreza energética del país y garantizar que personas en situación de vulnerabilidad tengan acceso a servicios básicos como la electricidad y la calefacción. 

EAPN-ES señala que este Proyecto requiere una revisión teniendo en cuenta el nuevo contexto de crisis, asumiendo una concepción global en la que el bono social energético incorpore otros colectivos con fuertes limitaciones para hacer frente al coste de los suministros (personas con dependencia grado I o familias con integrantes en paro, ERTE, ERE…), y en la que se ponga freno a los retrasos injustificados en la tramitación de las solicitudes por parte de las comercializadoras. Además, se tendrían que abordar las situaciones de endeudamiento en las que incurren las familias y contemplar a los/as consumidores/as vulnerables en régimen de alquiler.  

También desde la red se ve necesaria una revisión del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, o en caso de retomarse el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, que incluya la condición de encontrarse en situación de desempleo, ERTE o ERE, como categoría de consumidor vulnerable de forma permanente o al menos como circunstancia especial. Actualmente se contempla en el  Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo que estará vigente hasta el 30 de julio de 2021. 

Asimismo, reclaman paralizar los cortes de suministros durante al menos la vigencia del Estado de Alarma actual.