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24/03/2021 | EAPN - Actualidad
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Dubravka Šuica, y el comisario Nicolas Schmit han presentado este miércoles la Garantía Infantil Europea, una medida en forma de Recomendación destinada a garantizar el acceso a servicios básicos en condiciones de igualdad para combatir la pobreza infantil y sus consecuencias en la UE.
El X Informe sobre el Estado de la Pobreza 2008 - 2019, desgrana con cifras la gravedad de la situación en la que se encuentra uno de cada tres niños, niñas y adolescentes en España, por lo que es urgente una actuación institucional urgente para atajar esta problemática.
El 18,5% de los niños y niñas de la UE se encuentran en situación de pobreza –en el caso de España, esta situación afecta al 27,4%, lo que nos sitúa como el tercer país de la UE, tras Bulgaria y Rumanía, con mayor tasa de pobreza infantil, muy lejos de la media europea.
En enero de 2021, el Parlamento y el Consejo Europeo alcanzaron un acuerdo para destinar al menos el 5% del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) a la lucha contra la pobreza infantil en aquellos países cuyas tasas de riesgo de pobreza infantil se encuentren por encima de la media de la Unión Europea, como es el caso de España. La ejecución del Fondo Social Europeo Plus es competencia autonómica.
EAPN Europa es parte de la Red Europea para la Inversión en la Infancia (EU-Alliance for Investing in Children), que lleva desde 2014 trabajando por un mayor compromiso de la UE y de los Estados miembros contra la pobreza infantil. El 4 de marzo de 2021, la Comisión Europea presentó el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales que recoge la meta de reducción de la pobreza infantil para 2030, sacando al menos 5 millones de niños y niñas de la pobreza.
"Si bien el objetivo de la UE es un comienzo esencial para abordar la pobreza infantil y familiar, la meta no es suficientemente ambiciosa, considerando que la situación de pobreza previa a la pandemia de COVID-19 afectaba a 23 millones de niños y niñas (1 de cada 4) y al impacto negativo de ésta en el bienestar de la población" ha afirmado Carlos Susías, presidente de EAPN-ES y EAPN Europa, nada más anunciarse la Recomendación. "Cualquier política que pretenda reducir la pobreza infantil debe pasar obligatoriamente por el apoyo a los hogares pobres con niños, niñas y adolescentes".
Por su parte, Graciela Malgesini, responsable de Incidencia Política y Asuntos Europeos, considera que "deberían establecerse submetas para atender situaciones de especial vulnerabilidad (población gitana, inmigrante, con discapacidad, familias numerosas y monoparentales), entre otras señaladas en el estudio conjunto de UNICEF y la Comisión Europea".
Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, resulta casi imposible evaluar cómo contribuye la UE al esfuerzo de los Estados miembros por reducir la pobreza infantil. Los instrumentos de la UE no son jurídicamente vinculantes, por lo que es difícil determinar si la acción de la UE contribuye eficazmente a los esfuerzos por atender este importante problema.
A fin de que la salida de la pobreza de 5 millones de niños y niñas sea realista, deben establecerse metas claras a nivel de los Estados miembro para que pueda supervisarse el progreso. En el caso de países como España, esas metas también deberán tener una ambición autonómica.
En diciembre 2020, EAPN-ES organizó junto a la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI) el webinar: "Pobreza Infantil y Transmisión Intergeneracional de la Pobreza", en el que se trató la posible creación de este fondo de Garantía Infantil por parte de la Unión Europea y cómo puede contribuir en la reducción de la vulnerabilidad de este grupo de población. Durante este webinar, Carlos Susías, ya señalaba la necesidad de una actuación política urgente en este ámbito: "Necesitamos medidas políticas estrictamente dirigidas a la infancia para evitar las consecuencias de la pobreza y su transmisión intergeneracional".
En un contexto agravado por la crisis de la COVID-19, los países de la Unión Europea deben invertir recursos y elaborar estrategias y planes de acción para garantizar que la infancia necesitada tenga acceso a servicios básicos que garanticen una vida digna a niños, niñas y adolescentes, así como a sus familias.