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25/05/2021 | EAPN - Actualidad
Entrevistamos al director de la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas en España, Joaquín Nieto, para hablar de cuestiones que nos preocupan enormemente como son la crisis del empleo juvenil, la regulación de un salario mínimo o las medidas que se deben tomar respecto a las políticas de empleo para luchar contra la pobreza y la exclusión social.
El empleo puede dar oportunidades de inclusión social, pero no todo el empleo sirve para salir del riesgo de pobreza y/o exclusión social. En España lo sabemos bien, pues tenemos un porcentaje creciente de personas trabajadoras pobres ¿qué medidas y/o reformas se deben abordar para que el empleo sea verdaderamente clave en la lucha contra la pobreza y por la inclusión social?
El empleo es uno de los caminos principales para la inclusión social. El trabajo aporta muchísimos beneficios a la sociedad, pero también a las personas. Sin embargo, la clave es que sea trabajo decente, es decir, con derechos, sin discriminación, en condiciones de salud y seguridad, con una remuneración que permita vivir dignamente y con protección social. Sabemos que esto no siempre es así y que los déficits de trabajo decente en el mundo son enormes. Más de la mitad de los 3.000 millones de trabajadores que hay en el mundo trabajan en la economía informal y por lo tanto no disponen de protección social.
En este sentido, es fundamental seguir caminando para fomentar el trabajo decente, reorientando la lucha contra la pobreza para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que implica erradicarla completamente en lo que se refiere a la pobreza extrema y reducirla a la mitad en todos los países y para todos los países en el caso de la pobreza relativa. Para ello, habrá que sacar lecciones de lo sucedido, situarse y acoplar la senda del cumplimiento para conseguir estos objetivos.
La Comisión Europea prepara una propuesta de regulación del Salario Mínimo Interprofesional que obligaría a los países a aumentarlo hasta el 60% del salario mediano de cada Estado ¿qué opinión le merece esta medida, a su juicio tendría más ventajas o desventajas para el empleo?
Los salarios mínimos siempre han contribuido muy beneficiosamente a reducir los índices de pobreza en el conjunto de la sociedad, y la pobreza laboral en particular, entendiendo por ésta la situación de aquellas personas que aún trabajando se encuentran en situación de pobreza, como es el caso de las personas que en España y en Europa tienen ingresos por debajo del 60% de la mediana. En este sentido, España está en una situación especialmente delicada porque es el tercer país en pobreza laboral.
Los ingresos mínimos son una de las herramientas más eficaces, aunque no la única, que ayudan muchísimo. Es una medida que tiene mucho recorrido, más aún con la situación que hay, por ello desde la OIT hemos movido convenios en favor del salario mínimo. Consideramos que las decisiones de algunos países europeos de incorporarse a tener un salario mínimo, como el caso de Alemania, son positivas y que además sus efectos sobre el empleo han sido también positivos. En este sentido observamos muy favorablemente los avances hacia un salario mínimo en todos los países europeos, ya que va muy en la línea del trabajo decente.
Junto al de la pobreza, el desempleo es uno de los graves problemas estructurales en España, y de especial gravedad resulta el desempleo juvenil. Somos el segundo país de la OCDE con mayor paro juvenil. Aproximadamente el 40% de nuestros jóvenes menores de 30 años se encuentra en esta situación, y muchos de los que se incorporan lo hacen a un mercado de trabajo precario ¿cómo resolvemos esta ecuación tan preocupante para una población que además arrastra la carga de ser el grupo de edad en situación de mayor riesgo de pobreza y/o exclusión en España?
El caso de los jóvenes es muy serio. Hay una crisis de empleo juvenil en el mundo que desde la OIT nos hemos tomado con mucha seriedad desde hace más de 10 años, cuando promovimos un llamamiento mundial para hacer frente a esta crisis de empleo juvenil. Las tasas de desempleo juvenil son superiores en la mitad o más a las tasas medias de desempleo. En países como España, las tasas de desempleo que son anormalmente elevadas de una manera estructural nos encontramos con que cada vez que aumentan las tasas de desempleo, las de desempleo juvenil se disparan. Y esto es una crisis de presente y futuro y tiene consecuencias a todos los niveles. En el caso de España, la pobreza laboral es femenina y es juvenil.
La inestabilidad en el empleo es otro de los factores a añadir en este mapa y que afecta principalmente a los jóvenes. Por ello, es necesario establecer políticas de empleo activas pensando en el conjunto de desempleadas y desempleadas, también en los mayores, por ejemplo, pero por supuesto atendiendo a los jóvenes. Porque esa situación de desempleo amplio o de empleo de poca calidad en jóvenes afecta más gravemente al conjunto de la economía y al conjunto de la sociedad.
Por tanto, ahora que se va a estimular la actividad económica y el empleo con los fondos Next Generation que van a llegar a España, es necesario cambiar las políticas activas de empleo y hacer unas políticas de asistencia más personalizada. Políticas de creación de empleo, políticas activas diferentes que puedan dinamizar el empleo juvenil, garantía juvenil, reforma del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y reforma de la formación, serán necesarias para poder acometer toda esta transformación.
Las entidades y redes que conformamos EAPN-ES trabajamos con las personas que se encuentran en las situaciones de mayor vulnerabilidad, identificamos muchos tipos de necesidades en sus procesos de inserción sociolaboral y apostamos por mecanismos formativos y de acompañamiento más personalizados e inclusivos ¿cómo deben desarrollarse las políticas activas de empleo que faciliten esa inserción de personas en circunstancias especialmente desfavorables?
Una de las grandes asignaturas pendientes es la de poder integrar a todas las personas en el mundo del trabajo, independientemente de sus características. Hay que actuar teniendo en cuenta que la sociedad es diversa y las situaciones también. Para ello, es necesario afinar las políticas activas de empleo. Las políticas de inclusión tienen que seguir desarrollándose y las empresas deben seguir recibiendo estímulos, pero esta política de estímulos no debe redundar ni una explotación laboral ni en una situación de competencia desleal que sea negativa para el conjunto de la economía. La inclusión en la sociedad es necesaria y, por tanto, resolver la pobreza entendiendo ese arco de diversidad es la clave para caminar hacia una sociedad con trabajo decente, más integrada y más en convivencia.
Reconocemos la necesidad de establecer acciones formativas más flexibles y con mayor adaptabilidad a las personas y colectivos para los que de una forma u otra les resulta complicado acceder a formación más reglada ¿Qué función deberían desempeñar en las políticas de empleo futuras las entidades del Tercer Sector de Acción Social que estamos trabajando en este sentido?
Políticas de igualdad, de no discriminación de migrantes y de facilitar su integración en el empleo, resolver el desempleo juvenil, las políticas de inclusión social respecto a las personas con discapacidad o con capacidades diversas, la reforma de la formación, etc. Todas estas reformas hay que hacerlas para el conjunto de la sociedad y en esto, el tercer sector tiene mucho que decir.
Las entidades del Tercer Sector de Acción Social defendemos la importancia de las Prácticas No Laborales como vías fundamentales para superar determinados hándicaps que muy frecuentemente afectan a las personas en exclusión social. Entre sus objetivos se sitúan el logro de habilidades transversales de las que carecen, obtención de la formación que necesitan desde un entorno de trabajo “real”, conseguir cierta experiencia profesional que les avale en la posterior búsqueda de empleo… y sobre todo ayudar a vencer los estereotipos que existen frente a las personas más vulnerables tanto en la sociedad como, por extensión, en las propias empresas. ¿De qué manera cree que la regularización de las Prácticas No Laborales en las formaciones del Tercer Sector de Acción Social puede ayudar a vencer los distintos obstáculos?
Las políticas de formación hay que reformarlas y hay que hacerlo para el conjunto de la sociedad. Y estos cambios implican unas transiciones enormes que van a requerir que la formación no se agote a los 16 años cuando uno termina de estudiar, sino que debe seguir durante toda la vida. Y además que siga como un derecho. Todo este cambio es muy revolucionario y debería ser la verdadera reforma educativa que necesita el mundo, y España en particular. Esta revolución educativa implica un cambio en los contenidos, pero también en la estructura de la formación, principalmente en la educación no reglada. La educación no debe ocurrir sólo en el aula, también en el lugar de trabajo. Y las entidades que se dediquen a la formación no serán sólo las académicas, sino también las entidades del tercer sector.
Aquí hay un inmenso espacio para todos y por supuesto para el tercer sector, pues tiene mucho que decir y aportar en cuanto a políticas activas de empleo y de inclusión. El tercer sector podría ser un factor muy estimulante de esta revolución educativa que estoy planteando.