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01/07/2021 | EAPN - Actualidad
La ratificación por parte de España a la Carta Social Europea, que entra en vigor hoy en nuestro ordenamiento jurídico, es un “hito” para la aplicación de los derechos sociales vinculados con aspectos cruciales para la vida de una persona como son: la dignidad en el trabajo, la protección de las personas trabajadoras, el derecho a la igualdad de oportunidades, la protección contra la pobreza y la exclusión social, entre otras.
España se convierte así en el tercer país, después de Francia y Portugal, en ratificar la Carta Social Europea Renovada en todas sus disposiciones.
Es la conclusión principal del webinario ‘La Carta Social Europea revisada, más y mejores derechos sociales’, organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).
Durante el acto de apertura de esta jornada, el Secretario de Estado de Empleo y Economía Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez, ha calificado a la Carta Social Europea revisada como el tratado social “más importante para el reconocimiento de los derechos sociales”.
“Los derechos sociales y el bienestar de las personas son espacios ganados e irreversibles”, ha declarado. De ahí que, en su opinión, la ratificación de esta Carta suponga “un compromiso profundo en la erradicación de la pobreza y el reconocimiento de un estatus social a la altura de Europa”. “Esta ratificación es el inicio en nuestro compromiso con las organizaciones del Tercer Sector”, ha concluido.
Por su parte, la vicepresidenta de Asuntos Europeos, Relación con el Tercer Sector y Movimientos Sociales de EAPN-ES, Sali Guntín, se ha referido a esta Carta Social como “la Constitución de lo social en Europa” porque, según ha dicho, “supera a todos los instrumentos existentes en la Unión Europea en materia de derechos sociales y tiene esa capacidad protectora que quieren tener las Constituciones”.
Así, ha considerado que esta ratificación “llega en el momento oportuno”, sobre todo, por la situación que estamos viviendo, “con un aumento de la situación de pobreza y de exclusión social, de la desigualdad de género, de la pobreza infantil y de la precariedad en el empleo, entre otros”.
El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín, ha asegurado que “la única fórmula para asegurar el bienestar y la inclusión son los derechos”. En este sentido, para él, esta Carta permite desarrollar nuevas medidas para mejorar la aplicación de los derechos sociales y es, además, un “nuevo garante para las personas con discapacidad”. “Un gobierno responsable no puede permanecer impasible a la desigualdad y debe luchar para que nadie quede atrás”, ha indicado.
Ampliación de derechos laborales y sociales
Durante la celebración del webinario, ha tenido lugar una ponencia ofrecida por María José Romero, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UCLM y patrona de la Fundación Derecho y Discapacidad, quien ha hablado de un “punto y seguido” en materia de derechos sociales. Por lo que, ha querido llamar la atención sobre una serie de objetivos a alcanzar tras esta ratificación.
Entre ellos, ha apuntado al establecimiento de un procedimiento de reclamación individual, la creación de un Tribunal Europeo de Derechos Sociales, la inclusión de nuevos derechos sociales en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la ampliación de la protección de las personas ante los retos derivados de los procesos de digitalización, de la economía o de la crisis medioambiental; y el perfeccionamiento de la capacidad de intervención de los interlocutores sociales a la hora de aplicar el procedimiento de la Carta Social Europea.
Las reclamaciones colectivas
Por su parte, la responsable del Área de Derechos Humanos de FEANTSA, María José Aldanas, ha abordado la creación de nuevos derechos como las reclamaciones colectivas. En este sentido, ha centrado su exposición en el derecho a la vivienda (artículo 31) y ha expuesto dos casos concretos de reclamaciones colectivas interpuestas por su entidad que fueron reconocidas por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS): una a Francia contra toda la política de vivienda, y otra contra los Países Bajos, sobre las dificultades de acceso de las personas sin hogar en situación irregular a alojamientos de emergencia.
En cuanto a sus reflexiones sobre este procedimiento, ha considerado que las entidades sociales se alejan de la colaboración con los gobiernos, al tiempo que ha explicado que la impugnación de leyes y prácticas por parte de países como Francia, Países Bajos y Eslovenia, esto no solo ayudó a establecer normas mínimas para esos países, sino que esas normas mínimas del derecho internacional europeo son aplicables ya a otros Estados Miembro.
Además, también ha dicho que la promoción y el seguimiento de las decisiones del Comité son necesarios en estos procedimientos, y que hay que hacer una incidencia política paralela a la reclamación, y realizar actividades de formación y sensibilización, de comunicación pública si es necesario.
El Potencial de los Derechos Sociales en la Carta Social Europea revisada
A continuación, ha tenido lugar un debate en el que, moderado por el secretario general de la Plataforma del Tercer Sector, Rafael de Lorenzo, han participado la vocal asesora para Asuntos del Consejo de Europa y OSCE de la Dirección General de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, María Victoria Scola; la responsable de Área de Derechos Sociales de UGT, Gemma Ramón; la doctora en Derecho y profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, Patricia Cuenca; y la presidenta de Help Age España, Isabel Martínez.
Los participantes han coincidido en la necesidad de que España haya ratificado ya la Carta Social Europea de Derechos Sociales, que supone un “gran logro” en esta materia y un “instrumento clave” que permitirá el desarrollo de medidas para mejorar la aplicación de los derechos sociales.
Las ponentes han situado la Carta Social como la “nueva constitución social de Europa” y, tal y como ha señalado María Victoria Scola, supone “la salvaguarda de los derechos de lucha contra la pobreza y la exclusión social”. Posteriormente, se ha analizado la Carta desde el ámbito jurídico - académico por parte de Gemma Ramón y Patricia Cuenca, quien ha recalcado que, aunque es un instrumento de mucho potencial, tiene algunas deficiencias.
Por último, Isabel Martínez ha aportado su visión desde el tercer sector en el ámbito de las personas mayores, haciendo énfasis en el refuerzo que supone la Carta en algunos derechos como el empleo, la protección social y la educación, la formación o la participación social y política.
Clausura
Por último, las conclusiones han sido ofrecidas por la directora del Departamento de Programas Europeos, Fundación ONCE, María Tussy; y en la clausura han participado el presidente de EAPN-ES, Carlos Susías; el presidente de CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno; y el presidente de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado, Antonio Ferrer.
Por su parte, Susías ha afirmado que son las entidades sociales del Tercer Sector las que deben ser “incentivadoras” de la voluntad política para adaptar esta nueva legislación a la realidad social que estamos viviendo.
El presidente del CERMI ha destacado que la ratificación de esta Carta supone un “revulsivo” que nos puede ayudar a mejorar las políticas nacionales, actualizar nuestra agenda política y plantear una reforma constitucional para que los derechos sociales tengan el carácter de fundamental.
Además, el senador Antonio Ferrer ha reconocido que “hemos tardado 25 años en tener esta Carta suscrita”, pero que se trata de un “campo de interés” para el Tercer Sector, para los defensores de las libertades fundamentales de las personas, “que va a incidir en los cambios legislativos y en ensanchar nuestro estado del bienestar”.
La Carta Social Europea revisada es un instrumento de capital importancia en materia de derechos en el entorno laboral y social, por lo que su incorporación al ordenamiento jurídico es fundamental, ya que va a ser la base jurídica desde la que se mejore la aplicación de derechos sociales vinculados con aspectos cruciales para la vida de una persona como son: la dignidad en el trabajo, la protección de las personas trabajadoras, el derecho a la igualdad de oportunidades, la protección contra la pobreza y la exclusión social, entre otras.
*Si has participado en la jornada, por favor, rellena el cuestionario de evaluación: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX8fMQxJ15epXhs2t8Ua5LyKTr9AvFbakABY-cWgMvfoYIeg/viewform