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15/07/2021 | EAPN - Actualidad
El Instituto Nacional de Estadística ha hecho pública hoy la Encuesta de condiciones de vida del año 2020. A pesar de que los datos de renta son previos a la pandemia, las cifras de carencia material severa ya identifican parte del impacto de la COVID-19. La tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social AROPE (At Risk Of Poverty or social Exclusion) se situó en el 26,4% de la población residente en España y afectó a 12.495.000 personas, frente al 25,3% registrado el año anterior. En términos absolutos, implica que unas 620.000 nuevas personas están en riesgo de pobreza o exclusión social este último año.
Empeoran dos de los tres componentes de la tasa AROPE. El porcentaje de población en situación de carencia material severa subió del 4,7% al 7% y afectó a 3,3 millones de personas, mientras que el de las personas en riesgo de pobreza pasó del 20,7% al 21%, lo que significa que 9,94 millones de personas está en riesgo de pobreza.
Con este significativo incremento de la Privación Material Severa, la encuesta confirma un aumento preocupante de la vulnerabilidad en los sectores más desfavorecidos de la población. En los últimos 12 meses, el 13,5% de la población tuvo retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compra a plazos, frente al 8,3% en 2019; asimismo, un 10,9% no pudo permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, frente al 7,6% en 2019. También ha subido el porcentaje de personas que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, problema que afectó al 5,4% de la población, frente al 3,8% en 2019. Asimismo, se registra una subida importante de personas que llegan con mucha dificultad a fin de mes, de 3,6 millones en 2019 a 4,7 millones en 2020, lo que supone un aumento de 1,1 millones de personas que se encontraban en esta situación en el último año.
Por otra parte, el porcentaje de personas en el decil uno de renta estatal, es decir, aquellas personas que ingresan menos de 6.600 euros anuales por unidad de consumo, cifra muy parecida a la de pobreza severa, cuyo umbral es de 6.434 euros (40% de la renta mediana), se ha reducido en ocho comunidades e incrementado en las otras siete. La mayor disminución corresponde a Castilla-La Mancha, que ha pasado del 13,2% al 9,5%, es decir, una reducción del 28%, y el mayor incremento se ha dado en la Comunitat Valenciana que pasa del 11,4% al 14% de personas en el decil uno de renta estatal, con un incremento del 23%.
Por grupo de edad, la tasa AROPE subió en todos los tramos, pero el aumento más importante se produjo entre las personas mayores de 65 años, que pasó del 15,7% en 2019 al 20,5% en 2020, aunque continúa siendo el grupo de edad con menor riesgo de pobreza y/o exclusión en España. La pobreza entre los menores de 16 años pasó del 30,1% en 2019 al 31,2% en 2020.
El informe está fuertemente marcado por tres cuestiones importantes. Por una parte, terminada la Estrategia 2020 con resultados que muestran que España falló en el cumplimiento de los objetivos comprometidos de reducción de la pobreza, iniciamos un nuevo marco internacional determinado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos obliga a reducir los altos índices pobreza.
En segundo lugar, los datos de renta e intensidad del trabajo en los hogares son previos a la pandemia, corresponden a 2019, por lo que todavía no muestran con exactitud el impacto real de la pandemia.
Sin embargo, la información relativa a la Privación Material Severa corresponde a 2020, ya en contexto de COVID-19, y sí nos indica un aumento significativo de la dificultad de las familias para el consumo de bienes y servicios básicos.
Por último, y aunque la estrategia económica y social planteada ante la crisis de la COVID-19 en España es mejorable, parece funcionar mejor que la respuesta ofrecida en la crisis de 2008. A pesar de las dificultades por las que pasan ahora muchas familias, ninguno de los datos de pobreza planteados hasta ahora muestran empeoramiento respecto a las cifras de la crisis de 2008.
Ante los datos publicados hoy, EAPN España demanda activar las medidas incluidas en la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza para afrontar con efectividad la elevada tasa AROPE, así como que se tenga en cuenta la excepcionalidad de la crisis de la COVID-19 y el impacto social que está provocando.
Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida certifican la necesidad de seguir mejorando medidas como el Ingreso Mínimo Vital, situándolo por encima del umbral de pobreza y mejorando su cobertura y agilidad de tramitación para que llegue a todas las personas que lo necesitan.
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