La infancia sigue sin ser una prioridad en los presupuestos generales del Estado que no contemplan una evaluación de la situación macroeconómica y fiscal de los derechos de la infancia y adolescencia, no especifican claramente las asignaciones destinadas a la infancia y la adolescencia, ni incluyen indicadores específicos de su impacto sobre la infancia y adolescencia como recomienda Naciones Unidas.