Es preocupante la tendencia –que se viene produciendo desde hace tiempo– a la parcelación de la pobreza: "pobreza energética", "pobreza de las personas trabajadoras", "pobreza de las familias", "pobreza infantil", y un largo sin fin de "pobrezas".
Independientemente de que se tengan que tomar medidas específicas para luchar contra alguna de estas "pobrezas", es necesario contar con una visión global e integral, así como impulsar un modelo de acción social de base territorial y no exclusivamente sectorial. Un modelo que sitúe el ámbito local, y el barrio, en el centro de las intervenciones de las organizaciones de acción social especializadas que apuestan por la innovación en la intervención, la gobernanza y la integralidad.
Por ello, es imprescindible centrarse en combatir la pobreza, la exclusión y la desigualdad, pero no sólo interviniendo sobre las consecuencias de estas realidades, sino también, y fundamentalmente, sobre las causas estructurales de las mismas.
El Seminario Estatal de EAPN-ES se centrará este año en la Integración de políticas contra la pobreza y la exclusión social, así como la horizontalidad que estas deben tener para hacer frente a los problemas estructurales del modelo actual.
El marco económico existente genera el aumento de las distancias sociales –a través de un nuevo reparto de renta de capital y renta de trabajo– reproduciendo la pérdida de derechos sociales, de ciudadanía; devorando el medioambiente –mediante la euforia desarrollista– y generando el aumento de la desigualdad.
El actual panorama político inestable y en cambio constante, junto con la situación económica y social que vivimos en la actualidad, caracterizada por la cronificación de la pobreza, la exclusión social y la desigualdad , nos sitúa ante un escenario de desafíos y oportunidades para redefinición de las políticas sociales europeas.
Las políticas de austeridad impulsadas desde Europa han significado recortes en los Estados de Bienestar, muy importantes en el caso de España. Con un 23,5% de la población europea en riesgo de pobreza y exclusión en la UE (116,8 millones de personas), y enormes desigualdades entre estados miembro, esta década puede interpretarse como de retroceso del Modelo Social Europeo. Las instituciones europeas proclamaron el Pilar Europeo de los Derechos Sociales en noviembre de 2017 y ahora los gobiernos de cada país tienen que ponerlos en funcionamiento, en todos los niveles de la administración. Mientras tanto, la Estrategia Europa 2020 ha quedado en un segundo plano, así como la meta de reducción de 20 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión antes de esa fecha.
Además, cualquier visión de un nuevo modelo social y de desarrollo económico sostenible debe mediatizarse y enlazarse a la realidad ecológica y medioambiental, no sólo de nuestro planeta, sino de nuestro entorno más inmediato, de nuestra forma de afrontar la vida, de la forma de afrontar el desarrollo comunitario.
Es bien sabido que las personas vulnerables, los colectivos vulnerables, los territorios vulnerables, etc. suelen ser los que sufren las peores condiciones medioambientales y se suelen encontrar en los entornos ecológicamente más degradados. Por ello, las propuestas políticas, económicas y sociales han de venir informadas necesariamente por una estrategia ecológica y medioambiental sostenible.
Los objetivos de las entidades del Tercer Sector de Acción Social en defensa de los derechos sociales deben orientarse al reconocimiento de los derechos sociales subjetivos, derechos que se puedan reclamar ante los tribunales, y a revisar el modelo económico vigente, basándolo en el discurso de la economía del bien común, la sostenibilidad ambiental y social, en el marco de la Estrategia 2030 de Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pilar Social.
Para ello, se deben impulsar claramente los derechos sociales de nueva generación y su eficacia legal, así como que éstos sean recogidos en los principales textos normativos; el papel de Tercer Sector en la gobernanza política, económica y social de este país; así como la posibilidad de dotar al país de instrumentos de clarificación de competencias entre los distintos niveles del Estado: europeo, estatal, autonómico, provincial y municipal.
Según lo dicho, es importante, por tanto, realizar un seguimiento de las diversas legislaciones autonómicas en materia de Políticas Sociales, y que formulando propuestas en relación con la necesaria modificación del marco constitucional, de tal forma que se incorporen los derechos sociales como derechos fundamentales.
Para abordar todas estas inquietudes, el seminario de este año se conformará por una serie de diálogos para la Integración de políticas para la lucha contra la pobreza y exclusión social que cuyos ejes vertebradores son:
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