Los Estados miembro de la UE en su conjunto están intentando dar respuestas a las diferentes crisis encadenadas en la última década, que han puesto en riesgo el cumplimiento de los objetivos de reconstrucción y los compromisos internacionales adquiridos para la presente década, en base al respeto y la garantía de los derechos humanos. Los efectos de este periodo, iniciado con la gran recesión de 2008 y agravado con la pandemia de COVID-19 y posteriormente con las consecuencias de la guerra en Ucrania y la inflación, han impactado de forma más cruda en las personas en situación de pobreza. La salida por la vía de la austeridad en la crisis de 2008 aumentó los niveles de desigualdad, asociados a medidas como los recortes de ingresos y del gasto en servicios públicos o la desregulación del mercado laboral, que se tradujo en una mayor precariedad, proceso del que aún estamos en vías de recuperación.
Si se comparan los datos de pobreza a nivel europeo, se constata que las desigualdades que existen entre los Estados miembro se deben a enfoques muy diferentes a la hora de asignar recursos y oportunidades, lo que conduce a resultados diferentes. Las sociedades con menor índice de desigualdad en la UE tienden a tener los niveles más bajos de pobreza, y se han visto menos afectadas por las sucesivas crisis. Esto se debe principalmente a la decisión de promover y priorizar medidas que garanticen ingresos mínimos adecuados, así como el acceso a servicios básicos, y un sistema firme de protección social, mediante mecanismos de redistribución de la riqueza y políticas de justicia fiscal. Es evidente que la erradicación de la pobreza depende del tipo de políticas públicas implementadas, y, asimismo, de la consecución de los objetivos contemplados en las estrategias nacionales con incidencia en el ámbito social.
En diciembre de 2023 se publicaban los resultados de la encuesta de otoño del Eurobarómetro, donde se valoraba el interés por las próximas elecciones de junio y los temas que la ciudadanía supone prioritarios. En este sentido, más de un tercio de la población de la UE considera que la lucha contra la pobreza y la exclusión social (36 %) es el tema principal al que debe dar prioridad el Parlamento Europeo. Igualmente, una mayoría (57 %) está interesada en la convocatoria electoral de 2024, 6 puntos más que en la encuesta de 2018. En el caso concreto de España, la salud pública (50 %) sigue siendo la principal prioridad, tres puntos por encima de la anterior encuesta. Le siguen el apoyo a la economía y la creación de nuevos puestos de trabajo (41 %), y la lucha contra la pobreza y la exclusión social (40 %).
Estos datos demuestran que la sociedad está preocupada por su vida y sus realidades diarias. Las elecciones europeas de 2024 son una oportunidad para seguir avanzando contra la desigualdad, con unas Instituciones que apuesten firmemente por una transformación social, económica y ambiental justa y sostenible, al servicio de las personas.
En este contexto, el ‘Foro Anual Europeo contra la Pobreza, la Desigualdad y la Exclusión Social: Protección de derechos en el nuevo marco comunitario’ busca generar espacios de cooperación y análisis de propuestas en temas que afectan a la pobreza y a la exclusión social, con el objetivo de influir en las políticas públicas. Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como los niveles de garantía que existen para su ejercicio, están determinados por las características y el nivel de compromiso que adquieran gobiernos e instituciones, trabajando para ello en colaboración estrecha con las entidades del Tercer Sector.
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