14/10/2022
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha presentado este viernes su XII Informe 'El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE 2015 – 2021', donde por primera vez se han recogido los datos oficiales de pobreza tras la pandemia de la COVID-19, mediante un análisis detallado de todos los indicadores sociales disponibles a nivel estatal y autonómico.
Con este informe, EAPN-ES ha ofrecido un análisis minucioso de la evolución del indicador AROPE (At Risk Of Poverty or social Exclusion), que sitúa la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en 2021 en el 27,8 % de la población residente en España, frente al 27% registrado el año anterior. Este porcentaje se traduce en 13.176.837 personas, 380.000 más que en 2020.
La presentación ha tenido lugar este viernes 14 de octubre en la Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados, con la presencia de Carlos Susías, presidente de EAPN España y EAPN Europa, Juan Carlos Llano, responsable de Investigación de EAPN-ES, y Aitana Alguacil, técnica de Incidencia de EAPN-ES.
El XII Informe está marcado por el cambio metodológico del indicador AROPE, que se modificó en 2021 de acuerdo con los objetivos de la Estrategia Europa 2030. La tasa AROPE, con la nueva metodología, se define como población en riesgo de pobreza o exclusión social a aquellas personas que se encuentran al menos en una de estas tres situaciones: riesgo de pobreza, carencia material y social severa, o baja intensidad en el empleo.
En este contexto, el estudio ha evidenciado un empeoramiento de los principales indicadores de pobreza en 2021, aunque en menor intensidad si se tienen en cuenta las estimaciones realizadas al inicio de la pandemia de COVID-19, que apuntaban a un incremento de un millón de personas (el aumento ha sido de 319.000 personas más en situación de pobreza respecto a 2020).
Los datos que se han hecho públicos este viernes recogen los efectos positivos de las medidas impulsadas por el Gobierno ante la crisis sanitaria: un millón y medio de personas ha evitado entrar en situación de pobreza durante la COVID-19 gracias al Escudo Social.
Sin embargo, esta cifra no puede ocultar la gravedad de una situación que nos coloca como el cuarto país en la Unión Europea con más personas en situación de pobreza y exclusión social, unas cifras que ya venían empeorando antes de pandemia, y cuyo impacto no ha hecho más que agravar.
Especialmente preocupante es la situación de los hogares monoparentales con uno o más menores a cargo: más de la mitad, el 54,3 %, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, 4,5 puntos porcentuales por encima de la registrada en 2020, y la más alta desde 2014, año a partir del cual comienzan los registros de esta nueva metodología.
La vivienda y los suministros básicos se han convertido en un quebradero de cabeza para los hogares en situación más vulnerable. Así, el 36,2 % de las personas en situación de pobreza refiere gastar más del 40% de su renta en la vivienda, mientras el 14,3% de la población española no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada.
Respecto a las dificultades para llegar a fin de mes, el 44,9 % de las personas presentan alguna clase de dificultad, una cifra ligeramente inferior a la del año pasado. Sin embargo, debe destacarse que se registra un importante descenso de personas que llegan con mucha dificultad a fin de mes: de 4,7 millones en 2020 a 4,1 millones en 2021.
NUEVO PERFIL DE POBREZA
Por otro lado, el desempleo y un bajo nivel educativo ya no definen la pobreza. En 2021 se acentuó el nuevo perfil de la pobreza que se había detectado en los últimos dos años, con un incremento de las personas pobres con empleo y de las personas pobres con estudios medios y/o universitarios. Así lo evidencia el importante incremento de la tasa AROPE entre las personas con educación superior, la que más se ha incrementado proporcionalmente según el nivel de formación (10,4 %). Además, han crecido en un 16,2 % las personas ocupadas en situación de pobreza o exclusión social, mientras el grupo de las personas paradas sigue siendo el que más sufre: el 58,6 % está en AROPE.
Los datos anteriores muestran una insuficiencia en las estrategias tradicionales de protección y lucha contra la pobreza, contra el desempleo y de las políticas contra la pobreza vinculadas a la búsqueda de empleo. Además, a nivel personal, se aprecia una pérdida de potencia de los factores tradicionales de protección: conseguir empleo y nivel educativo.
"Una de cada tres personas pobres está ocupada", ha señalado en este sentido Juan Carlos Llano, que ha reafirmado las características de este nuevo perfil de pobreza: "la situación de paro no define si se es pobre o no, hay más cuestiones que son estructurales".
INFORME POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Una parte importante del trabajo se dedica a analizar las diferencias territoriales entre las Comunidades Autónomas. Los datos muestran que las diferencias entre regiones son grandes y se producen en la práctica totalidad de los indicadores estudiados.
Es también evidente la división de España en dos mitades: las comunidades que se encuentran de Madrid al norte conservan bajas tasas de pobreza y/o exclusión social y, excepto en algún caso, perfectamente compatibles con las de los países europeos más avanzados. Por el contrario, aquellas situadas al sur, registran tasas extraordinariamente elevadas y muy por encima de la media nacional.
Si se compara en AROPE, las tasas más bajas son de Navarra y País Vasco, con el 14,7 % y el 16 % respectivamente. Por otra parte, las más altas se registran en Andalucía y Extremadura, ambas con el 38,7 %.
CUMPLIMIENTO DE LOS ODS AGENDA 2030
Por último, este informe incorpora un capítulo específico centrado en la evaluación del grado de cumplimiento para el año 2021 de las metas, indicadores y subindicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 relacionados con la pobreza en todas sus dimensiones. Aunque se aprecia una leve mejoría respecto a 2015, lo cierto es que la tasa AROPE se encuentra un 17 % por encima del objetivo previsto para 2021, muy alejada del grado de cumplimiento.
España tiene difícil alcanzar las metas establecidas por los ODS, la Agenda 2030 y el Pilar Europeo de Derechos Sociales, por lo que EAPN-ES considera imprescindible realizar un esfuerzo suplementario para cumplir los objetivos en base al respeto y la garantía de los derechos sociales.
Los datos analizados en el XII Informe evidencian el alcance positivo de las medidas impulsadas por la Unión Europea y el Gobierno frente a la pandemia de COVID-19, muy diferentes a las que se aprobaron en 2008, entre ellas el ingreso mínimo vital (IMV), el incremento del salario mínimo y los ERTEs.
Sin embargo, el empeoramiento de los principales indicadores de pobreza refleja la necesidad de, no solo mantener estas medidas, sino mejorarlas y complementarlas con otras. "Si queremos resultados diferentes, necesitamos medidas diferentes", concluía Carlos Susías.
"Las políticas públicas deben incrementar su cobertura y su intensidad", he declarado en este sentido en su intervención Aitana Alguacil, en referencia a medidas como la mejora del IMV, la Ley de Vivienda o la Ley de Familias, con el objetivo de hacer frente a la situación actual de crisis energética e inflación creciente derivada de la invasión rusa de Ucrania, que ha impactado de forma más cruda en las personas en situación de pobreza.
Puedes consultar el informe completo aquí.
Puedes ver de nuevo la presentación del informe aquí.'>
