Europa se encuentra inmersa en una sucesión de crisis que han puesto en riesgo el cumplimiento de los objetivos de reconstrucción y los compromisos internacionales adquiridos para la presente década, en base al respeto y la garantía de los derechos humanos. Este periodo iniciado con la crisis económica de 2008, con los efectos aún latentes de las políticas de austeridad, han impactado de forma más cruda en las personas en situación de pobreza. Según los datos publicados por Eurostat en septiembre de 2022, en torno a 95,4 millones de personas en la UE estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2021, lo que equivale al 21,7 % de la población de la UE.
En el caso de España, según nuestro XII Informe sobre el Estado de la Pobreza, la pandemia de COVID-19 agravó las cifras de pobreza, pese al efecto amortiguador de las medidas incluidas en el Escudo Social. Así, en 2021, el 27,8 % de la población residente en España vivía en situación de pobreza y exclusión social, con desequilibrios en el proceso de recuperación tras la pandemia que requieren abordajes específicos, como es el caso de la feminización de la pobreza.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas (ONU) señalaba la erradicación de la pobreza, en todas sus formas y dimensiones, como el mayor desafío al que se enfrentaba el mundo en las presentes décadas. Frente al actual contexto socioeconómico, en pleno conflicto bélico en Ucrania y la tendencia alcista de la inflación, es más necesario que nunca reposicionar la Agenda 2030 en el centro de la acción política, para que se traduzca en verdaderas transformaciones sociales, económicas y ambientales hacia un modelo de desarrollo más justo y sostenible, y en coherencia con los demás instrumentos de prospectiva y planificación estratégica estatales y europeos. Este marco es, si cabe, más relevante en el contexto de polarización creciente y de construcción de agendas políticas contra la agenda global del desarrollo sostenible, que van ganando permeabilidad en nuestras sociedades, con capacidad para dinamitar consensos sobre igualdad de género, derechos humanos o sostenibilidad ambiental que pensábamos inquebrantables.
Frente a estos retos, el Foro Anual Europeo contra la Pobreza, la Desigualdad y la Exclusión Social: Cohesión Social y Protección de los Derechos busca brindar espacios de reflexión y diálogo acerca de los nuevos escenarios y los retos socioeconómicos a los que se enfrentan los Estados miembro de la UE en la actualidad. Lugares de encuentro donde debatir sobre aquellos mecanismos y estrategias que pueden favorecer una mejora de las legislaciones públicas en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión social, y promover el diálogo y la participación del Tercer Sector en la concepción y desarrollo de políticas desde una perspectiva de derechos.
En este sentido, cabe destacar que la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, que España asumirá en el segundo semestre del año 2023, representará un hito fundamental para poner en el centro de la agenda política europea los retos sociales, así como avanzar en un análisis de aquellas estrategias y medidas de contención tomadas en los últimos años y que han permitido paliar las consecuencias de la pandemia y mitigar los efectos de la guerra y de la inflación.
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